SANTO DOMINGO.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, volvió a marcar posición este martes frente a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) extienda una vez más el plazo al Congreso Nacional para revisar el Código Procesal Penal, especialmente en lo referente a la Ley 10-15, declarada inconstitucional.

Potentini sostuvo que una nueva prórroga no solo contradiría decisiones previas del propio TC, sino que enviaría un mensaje equivocado sobre la firmeza de sus sentencias. Recordó que, según la Sentencia TC 0694/24, los fallos constitucionales son “definitivos e inmutables”, por lo que permitir una extensión equivaldría a abrir una ventana para reinterpretarlos, algo vetado por la Constitución.

Inquietudes por cambios propuestos en el Congreso

El dirigente gremial señaló que en las discusiones legislativas recientes han surgido iniciativas que, a su juicio, retroceden en garantías procesales. Mencionó especialmente propuestas para ampliar la prisión preventiva y endurecer medidas cautelares, lo que califica como una contrarreforma que chocaría con los avances introducidos por la Ley 10-15.

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Potentini afirmó que estos planteamientos no reflejan ni el espíritu de la decisión del TC ni la demanda ciudadana de un sistema que respete derechos fundamentales y fortalezca la institucionalidad.

Llamado a ratificar la Ley 10-15 sin modificaciones

El CARD insistió en que el Congreso debe ratificar la Ley 10-15 en su versión original, sin cambios y respetando el procedimiento especial de las leyes orgánicas. Solo después de cumplir con este paso —dijo Potentini— podrían abrirse nuevas discusiones sobre posibles reformas, siempre dentro del marco constitucional y sin comprometer la seguridad jurídica.

Posible impacto en la autoridad del Tribunal Constitucional

El gremio advirtió que una nueva prórroga colocaría al Tribunal Constitucional en una posición delicada, afectando su autoridad interpretativa y generando incertidumbre sobre la estabilidad del sistema jurídico.

“El desafío ahora no es extender plazos, sino reafirmar la institucionalidad, ratificar la Ley 10-15 como estuvo vigente en 2015 y luego evaluar cualquier propuesta adicional”, expresó Potentini.

El Colegio de Abogados concluyó su posición exhortando a los poderes públicos a actuar con coherencia constitucional y responsabilidad institucional, a fin de evitar decisiones que puedan erosionar la confianza en las normas y en los órganos que las interpretan.