El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso hoy una denuncia en la Procuraduría General de la República contra el superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres y las AFP Reservas, Crecer y Siembra, por su participación en la aprobación y ejecución de la compra de más 27 mil acciones de la empresa César Iglesias, S.A., con los fondos de pensiones de los trabajadores por un monto de 3 mil 492 millones de pesos, a pesar de que dicha empresa reportó pérdidas por más de 500 millones pesos en 2022.

Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, explicó que los estados auditados a diciembre de 2022, realizados por la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings dicen que dicha empresa reportó pérdidas por 575 millones 41 mil pesos y con pronóstico negativo a mayo del presente año.

Indicó que se trata de una operación prohibida por la Ley 87-01, del Sistema de la Seguridad Social y sus reglamentos, por ser de alto riesgo y los involucrados pudieron haber incurrido en los crímenes de abuso de confianza agravada, asociación de malhechores, fraude bursátil y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127, 185, 400 y 405 del Código Penal, y del artículo 351 de la Ley 249-17 de Mercado de Valores de la República Dominicana, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la República investigar el caso.

“Por su naturaleza, sobre todo el pésimo estado financiero de la empresa César Iglesias, esta operación coloca en grave riesgo parte importante del fondo de las pensiones de más de tres millones de trabajadores afiliados al sistema de capitalización individual, por una inversión con muy pocas perspectivas de retorno, y fuertes probabilidades de pérdidas, que solo las administradoras de fondos de pensiones se atrevieron a realizar con dinero ajeno, el dinero de ahorro de los trabajadores”, manifestó Surún Hernández.

El gremialista indicó que “infructuosamente” la compañía colocó en venta dicha acciones en junio y diciembre de 2022, sin que se lograra dicha venta.

“Lo grave del caso es que contrario a lo que se ha externado, las más de 27 mil acciones adquiridas de manera cuestionable por las administradoras de fondos de pensiones Reservas, Crecer y Siembra, representan menos del 25% del capital social de César Iglesias, S.A., quedando sus actuales propietarios con el 70% y con el poder de administración de dicha empresa, lo que torna aún más difícil la recepción de beneficios, no solo porque se trata de una empresa cuyos números al 2022 reflejan pérdidas astronómicas, sino que en el lejano e hipotético caso que hayan beneficios, su distribución o no, dependerán de los accionistas mayoritarios, que han sido poco proclives a entregar beneficios a accionistas minoritarios”, agregó.