“Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”. Lee Kuan Yew.

El presidente Luis Abinader está dispuesto a correr todos los riesgos necesarios para terminar o disminuir la corrupción en nuestro país. Está consciente que no será fácil, que encontrará muchos obstáculos dentro de su propio entorno partidario y personal cercano.

La corrupción es un mal endémico en nuestro país, con sus raíces desde que Cristóbal Colón, asesino y ladrón, pisó “la tierra que ojos humanos jamás habían visto”. Desde entonces, hasta nuestros días, todo ha sido robarle sus recursos renovables y no renovables, sin importar el recurso humano, que es el más preciado de todos.

Como he dicho otras veces, Abinader no bajó triunfante de “las escarpadas montañas de Quisqueya”, ni de la “Cordillera Central” después de duras batallas armadas; llegó a través de unas elecciones para dirigir un Estado concebido y diseñado para el robo, el saqueo y el crimen, y un pueblo envilecido por los vicios que les son propios al sistema.

Comentaba en mi artículo anterior como Singapur redujo a casi cero la corrupción, el delito y la criminalidad. Había en el pequeño país asiático integrado por muchas islas adyacentes y 700 kilómetros cuadrados alrededor de 500 mil presos. Mediante una minuciosa investigación se determinó que 50 eran inocentes, el resto, 450 mil fueron fusilados o ahorcados, incluyendo funcionarios del gobierno.

Los juicios se difundieron por radio y televisión. La profilaxis fue total. Singapur quedó libre de corrupción, de violaciones sexuales, de secuestros y homicidios que eran casi 20 por día.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de “Derechos Humanos” protestaron por tan horrendas actuaciones. El gobierno no les hizo caso porque esas entidades casi nunca se ocupan de las víctimas, como si ellas no tuvieran derechos mas que los criminales, ladrones y violadores.

Gracias a la voluntad y la determinación de sus gobernantes Singapur se convirtió en una nación próspera, segura, buena para vivir, con un régimen de consecuencias, donde el que “la hace, la paga”, sea quien sea, grande o pequeño, poderoso o débil.

En los países sustentados en elecciones cada cuatro años, como el nuestro, es difícil que las instituciones funcionen adecuadamente garantizando que las leyes sean para todos, no para el grupo -siempre reducido- que controla con su dinero, la justicia el Congreso, las fuerzas represivas, los medios de comunicación y el sistema de elección, decidiendo en ultima instancia, quien gana y quien pierde.

Con una justicia mediatizada, comprometida resulta casi imposible castigar la corrupción en todos los estamentos sociales. Hay personas y grupos que la “Justicia” nunca tocará. El “debido proceso” es un invento de abogados, fiscales.