Los comerciantes que operan en los barrios de la parte alta de la capital han arrabalizado sus calles y avenidas mediante la ocupación indiscriminada, ilegal y desorganizada de los espacios públicos. Durante un recorrido por las arterias comerciales de sectores como Villa Consuelo, Villas Agrícolas, Capotillo, ensanche Luperón, San Carlos, 27 de Febrero y Villa Juana; ensanche Kennedy, Herrera, Villa Mella y otros puntos, El Nacional se percató del desorden y caos que impera en sus calles y avenidas.

La circulación de vehículos y peatones en esos lugares es casi imposible.

La situación provoca prolongados entaponamientos de vehículos, mientras los transeúntes son obligados a transitar por las calzadas.

Las aceras y parte del pavimento fueron habilitados para estacionar los vehículos de los propietarios y los clientes de esos establecimientos.

En las aceras operan, también, oficinas, talleres de mecánica y ebanistería, instalación de bocinas, jardinerías, freidurías, reparadores de neumáticos.

Los propietarios de colmadones, bares y restaurantes sacan sus mesas y sus sillas a las aceras para sentar a los clientes, cuando estos no caben en el interior de los establecimientos o, simplemente, para promocionar sus negocios.

Los dueños de supermercados, bancas de apuestas, clínicas privadas y plazas comerciales, decidieron utilizar las aceras para sus negocios, poniendo en peligro la integridad física de los peatones que se ven obligados a caminar por el medio de la calle.

Pero no solamente colocan sus mercancías en las aceras. También obstruyen el paso con letreros publicitarios de todos los tamaños. El mejor lugar para colocar los anuncios publicitarios de esos negocios son las aceras.

La sociedad observa con estupor e impotencia cómo los constructores de edificios de apartamentos y casas individuales se han apoderado de las aceras y hasta de algunos carriles de la calle.

Los responsables de esas edificaciones depositan en la calle la arena, los blocks, cemento, varillas y otros materiales de construcción que obstaculizan el libre tránsito.

Algunos comerciantes aseguran que cuentan con autorización de los ayuntamientos del Distrito Nacional y los municipios de la provincia Santo Domingo para operar sus negocios en las aceras.

Otros argumentan quesus establecimientos comerciales pagan los impuestos correspondientes al uso de suelo y que, por consiguiente, tienen licencias para operar.