La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, inició esta mañana la audiencia del juicio preliminar en contra del regidor Erikson de los Santos Solís (Ney) y el presidente de Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo (El Cinqueño), por los delitos de asociación de malhechores, sicariato y lavado de activos.
La acusación incluye, además, a Amauris Cabrera Martínez, Félix Lora de Jesús (Félix), Cristino Batista Roa (El Mayor) y Danilo Octavio Reynoso Recio (Danilo El Prieto).
El Ministerio Público explica en la acusación que los directivos de Unatrafin, alegadamente cometieron una acción criminal, que se ha materializado en todo el territorio nacional desde finales del año 2008, que consiste en ejecutar a transportistas por diferencias o conflictos en las distintas rutas del transporte público.
Los querellantes por David Ruiz y Dionisio Restituyo calificaron de un adefesio jurídico la acusación presentada por la Fiscalía porque a su juicio la investigación realizada por el Ministerio Público no satisface a las supuestas víctimas o querellantes en lo que respecta a los elementos de prueba presentados y la forma en que han sido calificados los tipos penales en la teoría de su caso.
Falsificación firma
En otro orden la defensa del regidor encabezada por Plutarco Jáquez considera que la acusación presentada por el Ministerio Público se constituye de anuncios y argumentaciones de pruebas sin fundamentos como es el caso de la falsificación de la firma del entonces presidente Hipólito Mejía, en alegados títulos de propiedad que dice el Ministerio Público encontró en la residencia de Solís, sin embargo a juicio del abogado esa prueba no fue obtenida ni autentificada como establece la ley.
“No se hizo el proceso de verificación de firma en el Inacif ni Hipólito Mejía ha sido citado para verificar su firma. Esa falsificación está en la cabeza de la fiscal Yeni Berenice Reynoso”.
La acusación con requerimiento de apertura a juicio, vincula con una red criminal dedicada al sicariato en el sector transporte, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa y porte ilegal de armas de fuego.
Según la Fiscalía, los trabajadores del sector transporte víctimas de dicha red criminal, fueron Mateo Nieves de Jesús, Overnys Guerrero y Ángel Javier.
