El proyecto de ley de Reforma Policial introducido ayer al Senado por el Poder Ejecutivo establece la creación de comisiones independientes, integradas por particulares para investigar inconductas de miembros de la Policía. La iniciativa también consigna el otorgamiento de vacaciones anuales pagadas a los miembros de la Policía, así como de licencias y permisos especiales.

En el artículo 33, el proyecto señala que esas comisiones independientes serían creadas por el Consejo Superior Policial y que sus integrantes no podrán tener ninguna vinculación, presente ni pasada, con la institución para realizar investigaciones públicas sobre quejas por inconductas de los miembros de esta.

Agrega que su misión será establecer los hechos, la secuencia de eventos y las consecuencias de las inconductas alegadas.

Consigna que las comisiones independientes podrán establecerse para los casos de muerte o lesiones graves causadas a una persona, fruto de la acción policial, presuntas acciones de corrupción e inconductas por parte de oficiales superiores; actuaciones motivadas por racismo o discriminación de cualquier tipo y obstrucción de justicia.

Precisa que las investigaciones por comisiones independientes se regirán por un reglamento dictado por el Consejo Superior Electoral, que establecerá las modalidades y alcances.

Una de las quejas de la comunidad es que en ocasiones las denuncias en contra de acciones indebidas de la Policía las investigan sus propios compañeros, lo que le resta credibilidad a las conclusiones.

Vacaciones

Los policías, de acuerdo con este proyecto de ley, tendrían derecho anualmente a vacaciones pagadas, igual que los demás servidores públicos.

Esa conquista de los agentes del orden público está contemplada en el artículo 195 y establece que el Consejo Superior Policial elaborará un reglamento para su aplicación.

DNCD a Procuraduría

La iniciativa del Poder Ejecutivo modifica el artículo 10 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas para que la Dirección Nacional de Control de Drogas pase bajo la dirección de la Procuraduría General de la República.

La enmienda a la Ley 50-88 se leerá: artículo 10, se crea bajo la dependencia del Poder Ejecutivo y adscrita a la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas.

La DNCD y la Procuraduría tuvieron recientemente un enfrentamiento, debido por las investigaciones sobre los casos de drogas y el decomiso de estupefacientes.

Declaración jurada

La iniciativa del Poder Ejecutivo establece en su artículo 132 que los oficiales generales, superiores y personal administrativo con potestades de mando estarán obligados a presentar cada dos años una declaración jurada de sus bienes ante el Consejo Superior Policial.

Dice que el Consejo en coordinación con el Ministerio Público dispondrá de los mecanismos necesarios para que la declaración jurada se realice.

Estipula que esas declaraciones serán públicas, salvaguardando siempre aquellos datos de carácter íntimo o personal que puedan comprometer la seguridad individual.

UN APUNTE

Triunfo

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, había reclamado que la DNCD pase bajo su dependencia, al entender que un asunto tan delicado como la investigación de la política criminal del Estado, tiene que estar en manos de civiles no de militares.