La sociedad política dominicana se ha caracterizado por un estilo de liderazgo mesiánico, en ocasiones autoritario como herencia de la Era de Trujillo, y los actores partidistas se han erigido en figuras que se autoubican por encima del bien y del mal, quienes no tienen obligación de cumplir la ley.

En caso de tener que aceptar la norma, los políticos locales se las ingenian para que lo aprobado como legislación tenga tal cantidad de baches y resquicios que les permitan deslizar por ellos las indelicadezas más inverosímiles que ya son parte del proselitismo vernáculo.

Las dos leyes vigentes, la del régimen electoral y la de movimientos, agrupaciones y partidos, fueron aprobadas después de largos años de espera y aplazamientos para al final tener tales debilidades que no han resistido el tamiz del Tribunal Constitucional y devienen en normas descuartizadas.

Ahora los partidos se han valido de subterfugios y creaciones semánticas sofisticadas para disfrazar un temprano proselitismo al margen del orden jurídico que ha colocado a organizaciones políticas mayoritarias en una campaña prematura en que aspirantes ya actúan como si fuesen candidatos.

Lo deplorable de todo es que no hay régimen de consecuencias para las inconductas jurídicas por cuanto el organismo que debe ser árbitro y administrador del proceso parece cruzado de brazos, sin autoridad real ni vías para someter los partidos políticos al estado de derecho en materia electoral.

Por más “pactos” y supuestos compromisos de respeto a la legislación electoral, cuando se sueltan los aspirantes en loca carrera para ganar prosélitos y comprometer voluntades de cara a la cita en las urnas en 2024, la mayoría de políticos y partidos actúan cual retrato del refranero, “como chivos sin ley”.