Fue el jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, iluminado ADN de su progenitor, también recordado jurista Julio César Castaños Espaillat, con el soporte de su reconocida enjundia jurídica, ilustró los ancestros jurídicos de la ley de trata de personas, en su exposición divulgada por El Nacional del diez de este febrero.

“RD somos signatarios de varias convenciones internacionales, una de 1952, una de 1977, y la última fue la convención de Palermo, de 2006, que nos obliga asumir desde el punto de vista legislativo, una serie de compromisos”, en los pormenores magistral conferencia alusivo al espinoso tema vibrante en la sociedad dominicana, en el hotel Marriot, DN.

Así hablan, como sentencias, eminentes magistrados con soportes jurídicos, expresándose con la inflexión de inexorables dictámenes jurídicos y sentencias inapelables.

Es por esas densas providencias jurídicas, el correcto sendero conceptual que obligatoriamente debieron transitar variopintas interpretaciones articulistas y editorialistas intempestivos, sin los condignos asideros jurídicos, aventuraron descaminados juicios apriorísticos, aunque inmaculados de sospechosa contaminación.

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Es conforme al Espíritu de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1952, aprobada por el Congreso Nacional por la resolución 694 del 10 de diciembre de 1977, que vincula a nuestro país en esos compromisos, que los fueros soberanos indican y compulsan rescindir.

Entre esas providencias, con incuestionables diseños de fórceps conceder privilegios inadmisibles y rechazables en rol de preservación de soberanía física, recordando que la económica la perdimos desde la Convención de 1907, el famoso Modus Vivendi, del entreguista presidente Ramón Cáceres.

Prohibía expulsión de ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida y libertad peligre por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.

Ese canon es tan laxo e interpretativo, como la teoría de la relatividad de Albert Einstein, codificada en el axioma postulante: “La energía es igual a la masa, multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz, el intrigante y famoso E=V2.

Disidente con ese postulado aniquilador del soberano derecho de los Estados preservar su fuero territorial, nuestro presidente Luis Abinader, precisó, firme, la irrenunciable cosmovisión de preservar nuestra vapuleada y pretendida disminución soberana física, en su discurso pronunciado en el escenario de la Declaración de Los Ángeles, California, el 10 de junio de 2022, reservando firmar afrentoso documento atomizaría nuestro inalienable soberano territorial.

Insistiendo Estados Unidos a nuestro país suscribir esas providencias desnacionalizantes, la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos del imperio, Uzra Zeya, el 27 de octubre de 2022, insistió respecto al espinoso tema, en el escenario de la Casa de Gobierno dominicano, desde done el presidente Joaquín Balaguer la hubiese despedido con la cortesía envuelta en destemplada despedida.

Esas insistentes tratativas del imperio son inherentes a su convencional política migratoria, específicamente factura de los demócratas, de derivar el tema migratorio a los países al sur del río Bravo o Grande, frontera con México, en su cosmovisión, debemos y tenemos que ser los receptores de la migración latinoamericana que ingresa desde El Darién a la frontera del imperio, rechazada a latigazos por los sheriffs del border patrol.

Concerniente a RD con Haití, constituirnos en la solución migratoria del caos y anomia que postra a la sociedad haitiana.

Protervo proyecto inadmisible.

Un proyecto de ley sobre el particular, sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo el 12 de diciembre de 2022, precisa artículo 63: “Permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito debe realizar los trámites para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.

Eso significa invasión pacífica, tolerada y admitida, con inconfundibles propósitos de socavar la soberanía física dominicana, conforme ha resultado deleznable política consensuada del PLD en gobiernos de Leonel Fernández, más acelerada y condenable por Danilo Medina, saturando en esos aciagos 20 años de regencia del PLD más de dos millones de haitianos indocumentados, dos despreciables y condenados desertores de la nacionalidad.

El resumen interpretativo más trascendente del proyecto de ley del PE, consiste en procurar un esquema nuevo, práctico y posible, de frente al aplastante y sofocante problema migratorio apabullante de haitianos que saturan nuestra nacionalidad física, impulsar su aprobación equitativa, entendiendo la insoslayable y poderosa influencia que el imperio ejerce en nuestra economía, consecuencias de nuestra tradicional castrada dependiente economía.

Controversial y delicado proyecto de ley amerita ineludibles vistas públicas, para tamizar superlativos y nodales cuestionamientos.

Indagar si es posible desmarcarnos del indignante firmado protocolo orientado preservar soberanía física, idéntico procede Estado de Israel con todas las vinculantes resoluciones de las Naciones Unidas concerniente discordia entre hermanos árabes, acatando parcial únicamente la 181 del 29 de noviembre de 1947 creando dos Estados en Palestina.
En esa coyuntura, entender e interpretar el filo de la navaja para solucionar el impase, que confronta nuestro presidente Luis Abinader, apabullado y presionado por el imperio.

Filo de la navaja que ninguno de sus predecesores, lograron definir ni superar.

Por: UBI RIVAS
Ubirivas30@gmail.com