Editorial Opinión

Con candela y puya

Con candela y puya

La crisis de Haití, convertida hace tiempo en causa de gran afectación en los ámbitos de migración, salud, empleo, educación, seguridad ciudadana, medio ambiente y vivienda, es ahora motivo de un gran estrés que agobia a la población dominicana.

Pese a la enorme carga económica y social que acarrea en su rol de cirineo del drama haitiano, el Estado dominicano ha sido blanco de las más ácidas críticas y denuncias vertidas por agencias y organismos multilaterales, para los cuales el gentilicio nacional ha sido gran culpable de la tragedia del vecino.

La sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que los hijos de indocumentados nacidos en territorio nacional adquieren exclusivamente la nacionalidad de sus padres, desató la ira de grandes metrópolis, que pretendían por esa vía una pacífica unificación de la isla.

El Gobierno no aplica la ley que fija en las contrataciones laborales una proporción de 80 % dominicanos y 20 % extranjeros, pero el Departamento de Estado, Naciones Unidas y sus agencias sólo denuncian “malos tratos” a trabajadores haitianos, si mencionar que la mano de obra dominicana es desplazada y el salario degradado por una migración masiva.

En los libros de extranjerías de las maternidades públicas figuran los nombres de 61 mil parturientas haitianas no residentes que dieron a luz en esos hospitales, pero un panel de expertos de la ONU denunció ayer que el gobierno dominicano deporta a mujeres embarazadas a las que le niega acceso a la salud.

El Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha reclamado a las autoridades dominicanas detener las repatriaciones de indocumentados, sin referir que hace tiempo la migración haitiana se ha vuelto incontrolable e insostenible.

Lo que Estados Unidos denuncia en sus informes anuales sobre trata de personas en República Dominicana, no es más que una mafia con padrinazgo de políticos y militares que ingresan miles de indocumentados, pero basado en eso, Washington presiona para que se apruebe una ley que legalizaría refugios de migrantes haitianos en territorio nacional.

El estrés que causa la crisis haitiana se incrementa con la construcción ilegal de un canal de riesgo para desviar hacia Haití el cauce del río Masacre, a lo que el Gobierno ha respondido con el cierre de frontera y la suspensión de visados a los haitianos. Aquí se cumple el dicho aquel de que con candela y puya hasta el demonio suda.

El Nacional

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