El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá mañana la solicitud de homologación del acuerdo que el Ministerio Público hizo con varios de los imputados en el caso Calamar, convenio que, a decir de algunos conocedores del expediente, coloca a los principales responsables como simples testigos delatores de la parte acusadora.
Dichos acuerdos fueron hechos con Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la entidad Grupo DIBEFE; S.R.L.
Para los abogados de las defensas de los imputados del caso Calamar, los citados acuerdos contienen violaciones que perjudican a las víctimas de los querellantes y a los demás acusados.
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La primera violación que, según los abogados defensores contiene el acuerdo, lo es el petitorio que hace el Ministerio Público, de que todo lo decomisado a estos procesados sea a favor del Estado y del equipo de recuperación, excluyendo así a las víctimas querellantes que tienen casi tres años en este proceso.
Entienden que personas como Ramón Emilio Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, no son elegibles para la aplicación del criterio de oportunidad en virtud del artículo 370, inciso 6, del Código Procesal Penal, puesto que éstos articulados no permiten que un autor se beneficie de la aplicación del citado criterio de oportunidad en perjuicio de personas que han tenido un intervención menos gravosa.
Consideran que el proceso de aplicación de un criterio de oportunidad no se trata de una homologación, sino, de una autorización por sentencia, lo que exige contradicción a la prueba y por ende, la intervención de todos los imputados para el ejercicio del derecho de defensa. Precisan que los beneficiarios del criterio de oportunidad no han probado el resarcimiento del daño.
