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Abogado de Ángel Lockward confirma acuerdo con MP y explica razones

Abogado de Ángel Lockward confirma acuerdo con MP y explica razones

Ángel Lockward / Archivo

Santo Domingo.- El abogado y político Angel Lockward devolvió a la Procuraduría General de la República “de manera voluntaria”, 220 millones de pesos, bajo un acuerdo con el órgano judicial en el caso Calamar.

De acuerdo a la defesa de Lockward, dicho convenio se estableció sobre la base de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) tuvo conocimiento del pago que hicieron clientes suyos de comisiones a sociedades del nombrado Fernando Crisóstomos, contaminando con ello sus ingresos de las fuentes que cubre con entregas de dinero y en bienes, “y porque traspasó una propiedad a Agustín Mejía”.

Sin embargo, el abogado defensor Nolberto Rondón, destaca en el documento que, las únicas cesiones  de crédito realizadas en sus oficinas fueron las relacionadas a sus honorarios, todas las de sociedades comerciales o empleados de Crisóstomos,  fueron notariadas por Rudy Nelson Frías.

Indica el escrito de defensa que, los bienes inmuebles que figuran en la acusación como comprados recientemente, se debe a algún error, ya que, fueron adquiridos en los años 2005, 2008 y 2015, los que fueron entregados para completar los acuerdos “porque es la única forma en el sistema de justicia actual en que puede descongelar sus activos”.

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Sostuvo el letrado que la defensa recomendó a Lockward negociar como única forma de lograr el desbloqueo de las oposiciones que fruto del proceso pesan sobre sus clientes con sentencias obtenidas y que no han sido pagados, lo que como abogado, el imputado también entendió.

Agregó que, la oficina de Lockward intervino en menos del 30% de los casos investigados y, en casi todos, llevó un proceso ante la jurisdicción contenciosa y obtuvo ganancia de causa mediante sentencias irrevocables.

El abogado Rondón concluyó que la barra de defensa recomendó a su cliente negociar un acuerdo con la Procuraduría, porque es una solución constitucional y legal para poner fin a los conflictos penales cuya duración impone un costo de difícil pago y causa daños de imposible reparación.

El Nacional

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