Ya empiezan a barajarse candidatos y estrategias para la próxima convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura que habrá de reunirse hacia fin de año o principios del 2017.

En esta convocatoria, el Consejo tendrá que elegir los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) que cumplen su período el 22 de diciembre, debido a que iniciaron su mandato en esa fecha en el 2011.

Asimismo, el órgano constitucional revisará si algunos de los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) han llegado a los 75 años de edad, que es la edad límite para su retiro.

La convocatoria coincidirá también con la renovación de la matrícula de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y de la Cámara de Cuentas por el Congreso. La JCE la designa el Senado, donde el PLD tiene mayoría absoluta, y la Cámara de Cuentas mediante ternas de los diputados a los senadores, para lo que se requiere las dos terceras partes de los legisladores presentes.

En esta ocasión, el Consejo no puede ejercer las competencias que le da el artículo 181 de la Constitución para someter a evaluación de desempeño a los jueces de la SCJ, puesto que esta potestad está condicionada a que los magistrados cumplan siete años en sus funciones.

Tampoco podrá remover los magistrados del Tribunal Constitucional ni al presidente de la SCJ, ya que Mariano Germán Mejía y sus sustitutos ejercerán sus funciones por un período de siete años, a contar desde del 22 de diciembre del 2011, de acuerdo al artículo 180 de la Constitución.

La conformación del Consejo la encabeza el Presidente de la República, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, un diputado y un senador que pertenezcan a los partidos que ostenten la segunda mayoría en ambas cámaras, el presidente de la SCJ, un juez de ese tribunal y el Procurador General de la República.
Desde ya Danilo Medina juega sus cartas para controlar las decisiones del Consejo, y se habla de que por esa razón el mandatario romperá el “pacto de caballeros” que tiene con Leonel Fernández para mantener un equilibrio en la presidencia de los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados.

Ese acuerdo consiste en que en la presidencia del Senado se elija un danilista y en la Cámara de Diputados un leonelista. Sin embargo, se especula que en esta oportunidad Danilo impondría los dos presidentes para conjuntamente con el Procurador General de la República asegurar cuatro de los ocho miembros del Consejo.
Así, con una alianza con el PRD o con el PRSC, el goberenante podría obtener un voto más y controlar el órgano constitucional.