La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) ha sometido a la justicia este año a 19 subcontratistas o personas que se han válido de esa posición para motivar a clientes a robarse la energía eléctrica.

El magistrado Moisés Ferrer, quien dirige la PGASE, reveló que el más reciente fraude fue cometido por los nombrados Marcelino Domínguez Montero y Ramón o Román García, empleados de la empresa Escocia, que ofrece servicios a Edesur Dominicana.

Al primero la juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Keila S. Pérez Santana, lo envió por tres meses a la cárcel de Najayo.

Mediante resolución marcada con el número 669-2011-4203, la juzgadora además le impuso presentación periódica a Ramón o Román García.

En la audiencia el imputado Domínguez Montero admitió que cobró ocho mil pesos al cliente Juan Manuel Fructuoso por arreglarle el contador para que pegue menos dinero de energía.

El magistrado Moisés Ferrer afirmó que este año también han sido enviados a la justicia los subcontratistas Amauris Ramón Reyes, José Vidal Mañaná, Pedro Carlos Capellán, Anderson Galván, Willian Suero Diroché, Camilo Encarnación, Porfali Amparo Ramírez y Rony Marconi Encarnación.

Todos fueron subcontratados por las empresas Adesa, Tonos, Dinatec y Chaelsa que a la vez han sido contratadas por Edesur para ofrecer servicios a sus clientes.

Advirtió que la PGASE es más drástica al perseguir esas personas porque cometen el doble ilícito de robarse la energía y motivar a clientes a que hagan lo propio.

Agregó que los encargados que prestaban servicios a EdeEste a través de la compañía Opalo son: Yhonathan Jesús Valdez, José Gabriel Malena, Merlin G. Valera Polanco y Víctor Pérez Polanco.

Además Jovanny Reinoso, Pedro Pérez Galván, Juan de Dios Hidalgo, Ángelo Reyes y Julio César Mejía. Casi todos han sido enviados a prisión preventiva como medida de coerción.

Ferrer comentó que la ley contempla sanciones más severas en contra de empleados o personal subcontratado en el sector eléctrico que contrario a lo que debe ser su conducta de guardianes del buen funcionamiento y luchar contra el fraude se dedican a incentivar esa mala práctica.

Declaró que los acusados violaron los literales A y B del artículo 125 de la Ley General de Electricidad 125-01 modificada por la 186-07.

El literal A de la citada ley establece que la manipulación, instalación o manejo clandestino de medidores y/o acometidas, y cualquier otro elemento material de la red de distribución será acusado de fraude eléctrico.

En reiteradas oportunidades se ha denunciado que son los propios contratistas de las empresas distribuidoras de electricidad quienes ofertan a los clientes de las Edes hacer arreglos en los medidores para que marquen un consumo de energía menor al real.