El domingo pasado fue el Día Internacional Contra la Corrupción, establecido por la Asamblea General de la ONU en el 2003, para llamar la atención a la cantidad de recursos públicos malversados y robados con sus consecuencias para la salud, educación, vivienda y demás necesidades fundamentales de las personas.

En la República Dominicana, ubicada entre los países donde hay más corrupción, nos arropa con consecuencias negativas que comprometen la vida de la ciudadanía, un costo que ya el país se ha cansado de pagar. De la región de Latinoamérica y el Caribe, nos ubicamos entre los 15 países con mayor corrupción.

Las secuelas de la corrupción son desproporcionadamente negativas para mujeres y niñas, porque comprometen seriamente su acceso a centros educativos y clínicas de calidad, su propio empoderamiento social y económico e incluso las perspectivas para el país de crecimiento, igualdad de género y equidad en general.

Las investigaciones sociales aseguran que las mujeres somos las más afectadas por los resultados de la corrupción, debido a la brecha de desigualdad existente entre los hombres y las mujeres, en detrimento de estas últimas, especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro, donde la brecha de género tiene una tasa en rango 73 entre 134 países, y un valor de desigualdad debajo de uno, 0.6774, de acuerdo al índice del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para mayo de 2011.

Como dijo este año el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-Moon, la corrupción malogra las oportunidades, crea desigualdades flagrantes, socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados. Además, dice Ki-Moon, agudiza los problemas ambientales, a causa del vertimiento ilegal de residuos peligrosos y el comercio ilegal de la fauna y la flora facilitados por el soborno y los incentivos encubiertos que determinan a quién se han de adjudicar los contratos, en particular cuando se trata de proyectos de infraestructura a gran escala sumamente lucrativos.

Cuando existe corrupción en la prestación de servicios básicos, todos los sectores sufren y los efectos pueden continuar manifestándose generación tras generación, pero las mujeres y las niñas soportamos en mayor medida por: la dificultad que tenemos para acceder a los recursos; somos las principales usuarias de los servicios públicos; tenemos menos voz y participación político social y estamos menos implicadas en funciones públicas y administrativas relacionadas con la prestación de servicios clave tales como agua, salud, saneamiento y escolarización; quedamos al margen de la toma de decisiones y finalmente, nuestros derechos no gozan de la protección adecuada.

La corrupción profundiza la pobreza, ¡y la feminiza!