En las primeras semanas de 2024 han ocurrido crímenes atroces considerados actos de sicariato bajo la etiqueta de “ajustes de cuentas” por asuntos del bajo mando, los que se suman a otros asesinatos del pasado reciente con patrones parecidos y todos cubiertos por impunidad y falta de información.

Es una situación grave que entraña fallas profundas del sistema punitivo y represivo del crimen, a cargo del Estado, que no funciona adecuadamente y parece haber cedido autoridad y terreno a los delincuentes que mantienen el caos, operan a vista de todos, de día, y sin régimen de consecuencias por ilícitos.

Sonados sucesos las dos primeras semanas del año incluyen la muerte de dos personas en Nagua y el vehículo en que viajaba uno con más de 20 impactos de balas.

Y el hallazgo como cadáver del imputado inicial, luego descargado, presunto autor intelectual del atentado contra el pelotero David Ortiz, en 2019.

Alarma por igual la muerte (a secas, sin ningún detalle adicional) de un interno del recinto El Pino, La Vega, supuesto jefe del microtráfico en barrios de Santiago y se recuerda el asesinato del abogado Basilio Guzmán, en 2022. Agregue, el femicidio en cárcel vegana y la atroz muerte de menor en Higüey.

Las autoridades se limitan a tildar unos como casos de sicariato que dejan al olvido, informan poco o nada, descuidan diligencias procesales mínimas y los “cierran” con el silencio de la impunidad, pese a reclamos de familias o uno que otro recuerdo mediático por mención coyuntural ante “auge” delincuencial.

Este patrón criminal se repite en ciclos, como la ausencia de respuesta condigna por la autoridad, crece la alarma e impotencia ciudadana que teme un agravamiento comparable a sociedades gobernadas por bandas y narcotráfico, espejos que advierten la necesidad de aplicar a delincuentes toda la fuerza coercitiva estatal y el castigo judicial más severo como disuasivo urgente.