Los partidos de oposición cuestionaron hoy que la Junta Central Electoral (JCE) recurra a las actas del Congreso Nacional para fijar una posición sobre el arrastre en la elección de los senadores y afirmaron que ese organismo solo debe recurrir a la Constitución de la República que plantea que el voto es directo, sin intermediación entre el votante y el candidato.
Manifestaron que “la JCE está solo para cumplir y hacer cumplir las leyes”.

De su lado, José Ramón Fadul, delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la JCE, dijo que esa organización favorece la elección de los senadores mediante el método de arrastre, porque esa modalidad fortalece el sistema de partidos.

Repudiaron la actitud de la JCE los presidentes de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Alianza País, Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática, José Ignacio Paliza, Guillermo Moreno, Luis Miguel De Camps y Minou Tavárez Mirabal, respectivamente. También, el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao.

La Constitución
“La solicitud hecha por la JCE al Congreso Nacional es un precedente innecesario, porque el orden constitucional y legal sobre el tema es demasiado claro, demasiado preciso”, expresó el presidente del PRM.

Agregó que “la Constitución expresa que el voto en República Dominicana es directo”, dijo tras señalar que la JCE debe obviar las presiones oficialistas y señirse a cumplir su función de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Precisó que más allá de las presiones oficialistas y de lo que exprese cualquier acta, “la ley es la ley y la Constitución es la Constitución”.

Innecesaria actitud
“El PRSC considera que es innecesario acudir a las actas congresuales para reglamentar una ley vigente. Es un sin razón, un sin sentido pedir las actas de la Cámara de Diputados y el Senado para reglamentar la Ley 15-19”, señaló Genao, tras señalar que esa legislación eliminó el arrastre entre diputados y senadores.

“La JCE está para cumplir y hacer cumplir las leyes”, ratificó.

Luis Miguel De Camps dijo que “lamentamos que la JCE esté dando señales de supuesta confusión, cuando los artículos 92, 130 y siguientes de la nueva Ley Electoral no dejan espacio a duda alguna”.

Advirtió que “si la JCE cede nuevamente a las presiones del Gobierno sería cómplice de los senadores que irresponsablemente aprueban leyes sin leer y luego quieren que les resuelvan sus irresponsabilidades con ilegalidades”, indicó el presidente del PRSD.

Guillermo Moreno expresó que “la Constitución dominicana es clara al establecer que el voto debe ser entre, otras condicione, directo. Ese fue el espíru de la ley 15-19 al disponer la separación de las elecciones de los diputados y los senadores”.
“La Junta debe fallar y decidir conforme a la Constitución y conforme a lo quedó expresado en la Ley eliminando el arrastre”, insistió Moreno.

Antidemocrática
Minou Tavárez Mirabal, presidenta de OD, acusó al organismo electoral de “estar ganando tiempo y emitiendo proyectos de resoluciones donde incluye su posición”.

En ese sentido, dijo que en el literal b del artículo 18 del proyecto de reglamento sobre alianzas y coaliciones, la JCE “está mandando avisos sobre cuál es su posición sobre el arrastre”.

Tavárez Mirabal pidió a ese alto organismo que deje las posiciones “hipócritas y antidemocráticas” que exhibe y se limite a cumplir la Ley.

UN APUNTE:

El PLD ratifica apoyo al arrastre

El delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE), José Ramón Fadul, ratificó hoy el apoyo de esa organización política al método del arrastre para elegir a los senadores en las elecciones del 2020. Manifestó que, en ese caso, la Ley 157-13 no fue derogada por la Ley Electoral 15-19, porque “cuando hay un conflicto entre una ley general y otra especial, prevalece la especial”.
“El legislador que quiere derogar el voto de arrastre tiene que hacerlo mediante una ley especial, claramente estableciéndolo”, dijo. Indicó que la posición del PLD sobre ese tema está claramente expresada en un documento entregado a la Junta Central Electoral.