El director general de Alianza Público Privada informó que las empresas distribuidoras de electricidad serían operadas y gestionadas por el sector privado, un proyecto sobre el cual se ha trabajado en los últimos meses y que ya se sabe que conllevaría una inversión de US$1,600 millones durante seis a siete años.

Aunque Sigmund Freund lo planteó como una posibilidad, todo parece indicar que las gestiones para que Edeeste, Edesur y Edenorte pasen al control privado están muy avanzadas o a punto de concluir, pese a que el funcionario aclaró que no se trata de privatizar esas unidades estatales sino de “capitalizarlas”.

Desde el comienzo de la gestión del presidente Luis Abinader se menciona la privatización o capitalización de las empresas distribuidoras de electricidad como forma de eliminar el déficit operacional que se prolonga por casi 20 años.

La eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que fungía como holding de las propiedades o participación estatal en el sector eléctrico, y la unificación de los consejos de dirección de las Ede, formarían parte del propósito último que sería traspasar al sector privado la gestión de las distribuidoras.

Sin pretender tildar de descabelladas esas gestiones, valdría la pena preguntar ¿Cuál sería el interés del sector privado de cargar con empresas altamente deficitarias, cuyas pérdidas sobrepasan en el menor de los casos el 30%?
Parecería que con traspasar la gerencia de esas empresas a manos privadas desaparecería el déficit operativo, que obedece en gran parte a deficiencias en las redes de transmisión y a que un segmento amplio de los consumidores no paga la luz y otros se acogen a subsidios gubernamentales.

El Gobierno había traspasado las Ede al sector privado, pero tuvo que readquirirlas en situación de quiebra, incluida a Edeeste, vendida por su compañía matriz por tres dólares a un consorcio francés con el único propósito de demandar al Estado dominicano en seis jurisdicciones distintas, lo que implicó un desembolso de 39 millones de dólares.

Lo que se pide y se espera merecer es que ese proceso de posible transferencia a intereses privados se realice con absoluta transparencia y con la participación de todos los sectores nacionales involucrados con la industria eléctrica, para que no se reedite la vieja historia del canje de oro por espejitos.