Algunos analistas de economía y política vienen dándole interpretación política a las medidas económicas adoptadas por las autoridades monetarias porque entienden que tienen conexión con la cercanía del tiempo electoral. En verdad falta casi un año para la presidencial y congresual, y siete meses para las municipales, y las “enfermedades económicas” resultan dañosas, y no son mortales, quizás, porque da tiempo a corregirlas.

El Banco Central y la JM redujeron 50 puntos a las TPM para estimular la reactivación de la economía porque la inflación se ha reducido al rango meta fijado; también autorizan poner a disposición de sectores productivos y hogar 94 mil millones de pesos para atacar las dolencias de la desaceleración que han venido preocupándole desde el año anterior con fuerte descenso del PIB.

En una oportunidad surgida en tiempo no electoral: 2013, hubo de inyectar recursos del encaje legal debido a las fuertes medidas tomadas para reducir el déficit fiscal que pusieron en apuros la economía en los primeros meses del año citado. Pienso realmente que en los entes monetarios no hay contubernio ni artimañas, y se ha actuado institucionalmente, prudente con las consecuencias, porque no pueden actuar sordamente.

El Banco no puede desertar de sus deberes; no pueden perder bríos sus energías de máxima autoridad responsable. Más, la frontera tiende a borrarse cuando las actividades económicas y las políticas caen en el mismo campo pues ambas están sometidas al mismo modelo de racionalidad, claro, no de intencionalidad, pero sí bajo el mismo signo común de servicio al Estado. Igualmente sucedió con la fuerte contracción por las medidas restrictivas de alzas de tasas, creando incertidumbre en los agentes económicos.

Estos estímulos son del ámbito técnico, diferentes a los políticos, pues la voluntad presidencial maniobra a conveniencia, verbigracia, la reforma fiscal, situación típica de la coyuntura, donde su pun