La sentencia emitida por un juez se basta por sí misma, por tratarse de un fallo motivado que consigna los razonamientos jurídicos invocados por el magistrado actuante, así como su ponderación de los presupuestos de cargo y descargo presentados por el Ministerio Público, defensa y terceros intervinientes.

Un viejo aforismo jurídico señala que los jueces se pronuncian por sentencia y los fiscales por dictámenes, decisiones que pueden ser recurridas en todas las jurisdicciones o ámbitos procesales hasta que adquieran la calidad de la cosa definitivamente juzgada.

No hace bien a la justicia ni al debido proceso que jueces o procuradores participen en discusiones públicas a través de medios de comunicación o redes sociales en torno a la defensa o repulsa de sentencias o dictámenes pronunciados, lógicamente, en el sagrado foro de un tribunal o de una corte.

A los periodistas les corresponde informar sobre contenido y alcance de un fallo judicial, más aun si se refiere a un tema de gran trascendencia que la sociedad sigue con inusitado interés, pero no figura entre sus atribuciones éticas valorar si esa decisión ha sido justa o injusta, porque eso corresponde a otros jueces o cortes.

Los abogados acostumbran a extender sus litigaciones desde la sala de audiencia hacia la prensa y medios digitales, lo que se interpreta como provechosos debates forenses en torno a la interpretación de leyes y códigos a cargo de jueces y fiscales.

Lo que no parece ajustado a normas jurisprudenciales ni deontológicas es que un juez acuda o sea requerido para justificar una sentencia motivada, como si tratase de convencer a la audiencia sobre su justeza y trascendencia, un propósito que solo debe congeniar con propia conciencia.

Un procurador, fiscal o fiscalizador adjunto no debería replicar en la prensa los debates escenificados en una audiencia de pedido de medidas de coerción, ni aun en juicio de fondo, que no sea el de remitir a los periodistas al dictamen pronunciado, cuyos pedimentos también deben estar precedidos de una motivación.

Constituye un mal precedente para el orden judicial que un juez o jueza intente convertirse en morocota de oro de la opinión pública a través de la defensa de una sentencia que puede ser recurrida en los plazos de ley, sin necesidad de forjar juicio de valor ni instalar una desagradable carpa circense.