A raíz de la puesta en funcionamiento de la segunda línea del metro, los choferes han anunciado un plan de lucha y protesta en defensa de lo que ellos entienden es un derecho adquirido para la explotación de las rutas por donde operará la misma. En realidad lo que tienen los choferes es un privilegio, monopólico por demás, del cual pretenden hacerse valer para extenderlo a rutas que actualmente ellos no manejan, a modo de compensación por sus molestias. El tema de las rutas de los choferes es apenas uno de los muchos ejemplos donde la República Dominicana va borrando la muy delgada línea entre derechos y privilegios, algo que inevitablemente solo implica mayores costos a mediano y largo plazo para el Estado y los contribuyentes.

El Presidente Danilo Medina ha hecho habitual tomar los fines de semanas para visitar poblaciones del interior de país, conocer sus necesidades y otorgar ayuda a los productores de la zona. La mentada producción nacional por ende se ha manifestado como un verdadero barril sin fondo, donde la inmensa mayoría, todos privados, mantienen negocios que están constantemente al borde de la quiebra y estos sienten como su derecho reclamar la asistencia estatal y recibirla. Operar un negocio de forma libre en nuestro país es un derecho, la ayuda directa por parte del Estado es un privilegio. En el mundo normal el negocio que no funciona cierra, en República Dominicana donde se confunden los derechos con los privilegios, el negocio que no funciona es mantenido por el Estado ad vitem.

Un aumento salarial razonable y dentro de los límites de la inflación que asegure el sostenimiento del valor adquisitivo del salario de los trabajadores, es un derecho conforme a las leyes laborales de la República Dominicana. Aprovechar la monstruosa asignación presupuestaria del 4% a la Educación que costó a los dominicanos una dolorosa reforma fiscal, para reclamar un aumento salarial hasta 7 veces por encima de la inflación acumulada desde el último ajuste, es pedir un privilegio. La Asociación Dominicana de Profesores se ha embarcado a exigir un privilegio bajo el único argumento de que el dinero está, sin que dicha asignación sirva de siquiera algún aire de garantía de que la calidad de la educación mejoraría. Creer que mejores salarios implican mayor productividad o calidad, es cosas de leyendas urbanas.

Como estos, la República Dominicana está aplastada por toda una serie de derechos que en realidad operan como privilegios para algunos, pagados por el bolsillo de otros. La gravedad de este problema se refleja en puntos como la energía eléctrica donde por el hecho de ser un negocio donde el Estado tiene mayoría de la participación, los consumidores entienden que tienen un derecho a recibirla a cambio de nada, lo que provoca que una cantidad importante de la energía producida, que es bastante cara, sea robada y que una enorme cantidad de usuarios sean subsidiados.

No obstante ser bastante abundantes los ejemplos de cómo toda esta confusión generalizada entre derechos y privilegios vienen afectando la capacidad del país de desarrollarse, nosotros seguimos empecinados en crearlos y de a montones por día. Ya tenemos Ley de Cine, Ley de Desarrollo Fronterizo, el Plan Solidaridad, subsidio al gas, subsidio al Metro, subsidio a los combustibles y un gran etcétera que solo sirve para seguir enterrándonos en el desarrollo.

Pero lo peor de todo esto no es la existencia de privilegios. En realidad lo más terrible de esta situación es que una vez los privilegios son confundidos por derechos adquiridos, como dicen nuestros detestados choferes, es que son más difíciles de quitarlos.