Santo Domingo.-A juicio de Edgar Caraballo, la auditoría pendiente a la gestión de Emma Polanco en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es un proceso rutinario, no un veredicto.

Caraballo expresó que la Cámara de Cuentas, órgano esencial para la supervisión del uso de los recursos públicos en la República Dominicana, ha atravesado una etapa crítica marcada por la pérdida de credibilidad y deficiencias en su función fiscalizadora.

No obstante, el reciente proceso de selección de sus nuevos integrantes —transparente, riguroso y transmitido en vivo para el escrutinio ciudadano— representa un punto de inflexión positivo.

De este proceso, señaló Caraballo, resultó electa Polanco, una figura con una sólida trayectoria académica y gerencial.

Seleccionada entre cientos de aspirantes, Polanco se destaca por su integridad, preparación y firmeza institucional, cualidades que revitalizan la esperanza en una Cámara de Cuentas más eficiente y confiable.

Sin embargo, su designación ha sido cuestionada por un comunicador de alto alcance, quien alegó una supuesta falta de calidad moral para ocupar la presidencia del órgano, basándose en una auditoría aún pendiente de su gestión como rectora de la UASD.

Este señalamiento omite el carácter administrativo y rutinario de dicho proceso, tergiversando su propósito y naturaleza.

Una auditoría no es una condena

Es crucial contextualizar la auditoría en cuestión. En la UASD, es una práctica habitual, casi protocolar, que tanto las autoridades entrantes como las salientes soliciten auditorías a la Cámara de Cuentas.

El objetivo es establecer una línea base clara sobre el estado institucional recibido o entregado.

Este procedimiento no implica sospechas de corrupción ni irregularidades, sino que responde a un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En el caso de Emma Polanco, quien dirigió la UASD entre 2018 y 2022, la auditoría en curso no responde a señalamientos ni denuncias, sino al protocolo institucional descrito.

Tener una auditoría pendiente no invalida ni compromete la capacidad moral o profesional de una persona para asumir funciones públicas, especialmente cuando no existe ninguna acusación formal en su contra.