La puesta en libertad pura y simple del comerciante y sargento de la Policía Eduardo Andrés Massanet, detenido por la posesión de medio millón de dólares en su vehículo, se hizo de manera correcta, en virtud de que el ordenamiento jurídico nacional establece que la prisión es una medida de coerción de carácter excepcional, opinó hoy el jurista Julio Cury. A juicio de Cury, la decisión tomada en ese sentido por el juez Alejandro Vargas a favor de Massanet, fue hecha con apego a la ley y en base a que la prisión es una medida de carácter excepcional.
Expresó que el sistema de privación de libertad durante el trámite del proceso se ha desnaturalizado, a tal punto, que la libertad se restringe con «pasmosa deportividad». Agregó que el Ministerio Público “raras veces solicita otra medida de coerción que no sea la prisión preventiva, desconociendo el carácter excepcional y traduciendo en letra muerta lo que dispone al respecto el artículo 40.9 de la Constitución”.
«La libertad personal solo puede ser restringida cuando es absolutamente indispensable, pero por desgracia el Ministerio Público sospecha que todo imputado representa peligro de fuga, y muchas veces, más de las necesarias, solicita prisión preventiva sin encontrarse reunidos los presupuestos previstos en el artículo 227 del Código Procesal Penal», expuso.
El jurista dijo también que las medidas cautelares deben imponerse siempre que existan serios elementos de juicio sobre la existencia del hecho penal y la correlativa culpabilidad del imputado, y que en el caso de Massanet, el juez Vargas decidió correctamente al considerar que la simple posesión de dinero efectivo no configura el lavado de activos.
«La Ley No. 72-02 consagra las circunstancias en que se incurre en lavado de activos, y solo en el caso de que el dinero sea producto de un ilícito penal tipificado como infracción grave, la posesión de dinero puede caracterizar ese delito», señaló.
Cury manifestó que si el Ministerio Público no probó un origen ilícito del dinero, Vargas hubiese cometido una «dolorosa injusticia» imponiéndole prisión preventiva.
