El exdiputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz fue condenado en Estados Unidos a 16 años de prisión por distribuir cocaína e incurrir en lavado de dinero, como resultado de un acuerdo en el que también aceptó entregar a la justicia millones de dólares, lotes de relojes y vehículos.
Gutiérrez Díaz, quien ocupó una curul en la cámara baja por el Partido Revolucionario Moderno PRM), arribó a un pacto con la fiscalía de la Florida para recibir una pena menor ante la posibilidad de que fuera condenado hasta a cadena perpetua.
Pese a ese arreglo judicial, basado en la figura de la delación premiada, un tribunal impuso a ese imputado 16 años de prisión y otros cuatro años en libertad probatoria, basado en la gravedad de la acusación por conspirar para introducir cocaína a territorio estadounidense desde República Dominicana.
Algunos Imputados por narcotráfico, extraditados a Estados Unidos, también arribaron a acuerdos con fiscales federales a través de los cuales cumplieron penas de prisión de menos de diez años, al término de lo cual retornaron al país libres de expedientes penales o civiles.
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La sentencia impuesta al exdiputado Gutiérrez Díaz fue más del doble que las aplicadas a otros imputados que también arribaron a acuerdos de delación, lo que indica que en el sistema penal de Estados Unidos la tendencia se encamina a no ser tan complaciente con imputados delatores.
El Ministerio Público dominicano ha sido muy recurrente en invocar el artículo 370 del Código Procesal Penal para solicitar ante tribunales y cortes penales la “aplicación de un criterio de oportunidad” en favor de imputados que, como delatores, colaboren eficazmente en una investigación.
La figura del delator premiado se ha convertido en el camino más expedito a que recurre el Ministerio Publico para garantizar que los jueces pronuncien sentencia condenatoria contra unos cuantos encartados, mientras la mayoría de los imputados delatores reciben penas simbólicas, exentas de prisión.
En el expediente Operación Medusa los fiscales arribaron a acuerdos de reducción de pena con 25 encartados, 14 personas físicas y 11 entidades corporativas, incluido un acusado que huyó a España, desde donde colabora con las autoridades. Lo mucho hasta Dios lo ve.
