El domingo, el pueblo dominicano escogerá el camino de la democracia o la dictadura constitucional, sistema político que encierra la negación de los derechos consagrados y protegidos por la Constitución y los pactos internacionales. En las elecciones del próximo domingo está en juego la convivencia pacífica, el precio de la libertad y el tránsito hacia el aumento a la deuda social acumulada.

Está demostrado que las cosas no andan bien cuando no existe la alternabilidad en el poder. La concentración de los tres poderes del Estado y de otros organismos colegiados genera la falta de acceso a la justicia y un autoritarismo rampante que no permite el disenso.

Los dominicanos que ejercerán el sufragio deben meditar sobre la elección del candidato que habrá de dirigir los destinos del país a partir del 16 de agosto. Cada voto significa hundirnos definitivamente por el actual despeñadero o seleccionar la vía para construir un Estado deficiente.

La democracia está en peligro. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, admitió que vivimos en una dictadura constitucional, justificando que la misma emana de poderes legítimos, olvidando que la voluntad popular ha sido torcida por medio del inaceptable clientelismo.

El PLD se ha convertido en una sólida corporación económica de grandes inversionistas en negocios a nivel nacional e internacional. La opulencia de sus líderes provoca que se aferren al poder y sean capaces de cometer tropelías para evitar una competencia diáfana y transparente.

Cuando un gobierno autoritario pretende seguir en las riendas del Estado, recurre a artimañas, trapisondas, marrullerías y maniobras para lograr su propósito, sin importar que estén en riesgo los derechos fundamentales, inherentes de la persona humana.

El PRD y su candidato Hipólito Mejía significan la esperanza de un mejor porvenir. El programa de gobierno perredeísta contempla el saneamiento de la administración pública, el combate a la corrupción, la garantía de la independencia del Ministerio Público, la descentralización del Estado y preservar los recursos naturales. Para alcanzar tales propósitos, es necesario un cambio y ese cometido está en manos de los electores.