Es plausible que República Dominicana aspire un puesto dentro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Son merecidos y legítimos esos anhelos de ocupar una curul dentro de ese magno organismo internacional.

Pero aquí cabe la pregunta de si tiene la nación las calificaciones suficientes para asumir esa digna posición, pues dentro de sus atribuciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene como función: “fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos”. Indiscutiblemente que hay que ser un abanderado de los derechos humanos para pertenecer a dicha entidad.

El gobierno de Luis Abinader reúne la gran mayoría de los requisitos para este puesto, pero asimismo carece de otros. Hablar de defensa a los derechos humanos y protagonizar cancelaciones masivas de servidores públicos es ser Lobo y Caperucita a la vez, posturas que son maravillosas cuando se asumen del aeropuerto hacia afuera, pero incoherentes y ruines hacia dentro.

Y no hay que ir muy lejos, pues como ejemplo está el del actual canciller Roberto Álvarez, quien canceló a miles de personas en el MIREX, sin ni siquiera revisar sus expedientes y haciéndoles luego una aviesa campaña, diciendo que eran “botellas”. No es que toda esa gente trabajaba, pero los que no asistían y cobraban en Santo Domingo eran conocidos principalmente por el grupúsculo que actualmente acompaña al ministro de lo Exterior, y que siempre ha estado en el MIREX..

Personas en la tercera edad y con enfermedades terminales fueron desvinculadas por Álvarez, quien violó todo tipo de derecho sin ruborizarse. Hay que aceptar que en el gobierno anterior hubo muchos desmanes en el MIREX, y había en el ministerio de Administración Pública un camello que tenía dentro de sus jorobas a un protegido grupo de su corriente partidaria, pero eso era minoría.