San Juan. Cientos de dominicanos en situación ilegal en Puerto Rico serán desalojados del asentamiento ilícito de residencias de Toa Baja, en el norte de la isla caribeña, según anunció este miércoles Yesef Cordero Lebrón, secretario del Departamento de la Vivienda.

Cordero Lebrón, que señaló que espera que no se registren situaciones de violencia, se refería a la comunidad residente en Villas del Sol, en Toa Baja, localidad cercana a San Juan, compuesta por unas 1.000 personas, de las cuales más de la mitad son ciudadanos dominicanos sin permiso para residir en la isla.

La Policía puertorriqueña ocupó la zona esta semana para facilitar el corte de las tomas ilegales de agua existentes, lo que provocó la protesta de los vecinos y el posterior enfrentamiento con la fuerzas de seguridad que se saldó con una detención.

Ramón Díaz Zambrana, portavoz de la asociación de apoyo comunitario La Nueva Escuela, señaló a Efe que según un censo realizado hoy entre los propios residentes un 55 por ciento de los vecinos del asentamiento ilegal son de nacionalidad dominicana.

Denunció además que carece de sentido la excusa de las autoridades puertorriqueñas del acceso ilícito a luz y el agua para justificar el desalojo, ya que hace años que los vecinos pretenden pagar por esos servicios y normalizar así su situación.

Ramón Díaz Zambrana recordó que las autoridades puertorriqueñas han realojado ya en otras ocasiones a parte de los vecinos de Villas del Sol, aunque sólo de forma temporal -seis meses-, lo que ha obligado a éstos a volver a los asentamientos de Toa Baja.

Los residentes en Villas del Sol han perdido la confianza en las autoridades, porque les prometen viviendas, pero al final se trata de realojos temporales, subrayó Díaz Zambrana.

Por ello, dijo que los vecinos del asentamiento no tiene otra opción que la de volver a Villas del Sol, un asentamiento cuyos primeros pobladores llegaron a la zona hace ahora cerca de 15 años.

Denunció que la amenaza de cortar el suministro de agua, es una temeridad dada la gran cantidad de menores que habitan el barrio y al hecho de que la isla sufra las consecuencias de la epidemia de la gripe A.

El gobernador, Luis Fortuño, medió el asunto para aclarar que si bien hasta el momento no se había cortado el agua por razones humanitarias, la medida se llevará a cabo como manera de forzar la salida de los pobladores en el asentamiento ilegal.