Desorden institucional



Juan Bosch, al llegar al poder en febrero de 1963, propició una nueva Constitución, la más avanzada de toda la historia republicana, pero lo hizo a través de una constituyente, en la cual muchos ciudadanos dominicanos, sin ser legisladores, trabajaron en la elaboración de esa ley de leyes. Esa nueva Constitución no establecía la reelección presidencial.

Sin embargo, apenas tres años después, con la llegada al poder de Joaquín Balaguer en 1966, se reformó de nuevo la carta magna y se estableció la reelección presidencial sin límite de tiempo. En los gobiernos de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, es decir de 1978 a 1986, fue en los únicos que no se tocó la ley sustantiva. Uno de los principios del PRD era la no reelección presidencial.

Fue en el año 1994, con motivo de la crisis post electoral, que se estableció en el Pacto por la Democracia la prohibición de la reelección presidencial, entre otras conquistas que fortalecían la institucionalidad. Pero ocho años después, en el 2002, Hipólito Mejía reformó la Constitución con la finalidad de habilitarse para el 2004, después de haber dicho decenas de veces que no optaría y haber satanizado la reelección presidencial.

En esa reforma se estableció dos períodos y nunca más, pero Mejía perdió los comicios del 2004, quien se benefició fue Leonel Fernández al ganar en el 2004 y en el 2008. Fernández, no conforme, hizo una nueva Constitución en el 2010, con la anuencia del PRD, en la cual se habilitaba para el futuro y, sin proponérselo, habilitaba también a Hipólito Mejía.

Esa nueva Constitución establecía cuatro años presidencial y sin reelegirse en lo inmediato, pero si podía optar al término del siguiente período. Fue con ese formato que Danilo Medina ascendió al poder en el 2012, pero forzó el Pacto de Juan Dolio y reformó la Constitución en el 2015, restableciendo dos períodos consecutivos y nunca más, el mismo que Hipólito Mejía había impuesto años antes.

La Constitución no debe reformarse por intereses particulares. Y cuando se reforme que sea para beneficio de la mayoría e introducir el plebiscito para su modificación y acabar con el desorden institucional.