El estrambótico anuncio de un empresario del transporte de que sus unidades no aceptarán el ingreso de haitianos en sus autobuses y guaguas, es apenas un reflejo del desorden migratorio que prevalece en todo el territorio nacional, donde con frecuencia las autoridades incautan vehículos de todo tipo por traficar con indocumentados.
Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra) revocó su infame orden que fue acompañada con la promesa de convocar a un paro en el servicio de pasajeros a menos que les sean devueltas unidades retenidas por transportar inmigrantes indocumentados desde la frontera.
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, dijo que el Ministerio Público ha sometido a la justicia a choferes por tráfico de indocumentados y que sus guaguas han sido retenidas por disposición de jueces, por lo que sólo los tribunales tienen potestad para devolver esos vehículos.
Lo preocupante no sería que un empresario viole la Constitución al vedar el ingreso a sus guaguas y a la de los suyos de ciudadanos extranjeros, sino que revela una situación anárquica en el ámbito migratorio, al punto que el señor Marte no admite ni rechaza que sus choferes trafiquen con indocumentados, sino que sólo le interesa que le devuelvan sus vehículos.
La verdad es que por la porosa frontera ingresan diariamente centenares de indocumentados a pie, en motocicletas, camionetas, bicicletas y, obviamente, en autobuses y minibuses, con el bien definido propósito de permanecer en el lado dominicano.
Las autoridades aseguran que diariamente apresan a decenas de haitianos al cruzar el hilo fronterizo o en los puestos de chequeo en las diferentes carreteras, pero la cantidad de los que logran asentarse aquí es muy superior a la de los devueltos.
Choferes y dueños de guaguas están, al igual que propias autoridades, compelidos a cumplir con la ley migratoria, en el entendido de que si la violan se hacen reos de un delito que no se borra con órdenes de impedir el ingreso de extranjeros en vehículos de transporte o de amenaza de huelgas y paros.
Se resalta la vuelta a la racionalidad del presidente de Conatra, al revocar su orden de no transportar a ciudadanos haitianos, aunque se insiste en que esa desaforada decisión es una expresión más del desorden migratorio que prevalece en el país.
