Desde el Estado no debía permitirse un abuso similar, pero gobierno vienen y gobierno van y se repite la misma historia: todos los años cambian los libros de textos.

Un solo responsable: Ministerio de Educación. Otra institución que viene ensayando una conducta parecida es la Junta Central Electoral.

En los últimos años el modelo de actas de nacimiento, de divorcio, de defunción y de reconocimiento se ha modificado en múltiples oportunidades.

Muchos dominicanos, ante una emergencia para determinado trámite, no pueden usar un acta guardada en la casa, porque ese modelo fue cambiado. Tienen que acudir a solicitar una nueva. Es una fiesta y los medios callan.

Se trata de cambios frecuentes de diseño que representan muchos millones de pesos, lo que podría desnudar una posible búsqueda de un organismo que propiamente no es recaudador, no transfiere nada, contrariamente recibe un presupuesto mensual, que suele subirse cada año a través de las cámaras legislativas. Y cada cuatro años, con motivo de los certámenes electorales, a la JCE se le otorga una partida multimillonaria adicional, la cual se justifica en la medida en que se haga un montaje ejemplar, realice su rol de árbitro y garantice equidad entre las opciones políticas participantes, porque es una forma de fortalecer la institucionalidad y, en consecuencia, la democracia.

En un ejercicio de objetividad hay que reconocer que la JCE contó los sufragios tal cual fueron emitidos en la contienda del 19 de mayo de 2024.

De los cinco jueces, hay cuatro que repitieron y es muy posible que lo merezcan, pese a que hubo delitos electorales sin sancionar, como son la compra de cientos de miles de cédulas y centenares de tránsfugas políticos.

Además, hubo un gasto en publicidad gubernamental desproporcionado. Se requería mayor control.

Hay que abogar, de igual forma, por el cabal cumplimiento de las leyes electorales y castigar todos los delitos, porque la comisión de los mismos contribuyó a una abstención del 46%.

Por otro lado, la JCE afecta sensiblemente al dominicano pobre, con el aumento del 50% del costo de las actas, sean estas de nacimiento, de matrimonio, de defunción o de reconocimiento.

Todas fueron aumentadas de 400 a 600 pesos, incluyendo las escolares que antes no pagaban.

¿Por qué no ofreció una explicación y en caso de requerir recursos adicionales apelar a la ayuda estatal y no castigar a un pueblo indefenso?

¿Cómo puede justificar la JCE un abuso similar, si, según se dice, tiene todos sus gastos cubiertos mediante el presupuesto que se le otorga? Hasta la tinta y el papel que usa, para la emisión de actas está en el dinero que por ley se le otorga.

A la JCE se le podría exonerar un pago simbólico de 50 pesos, pero 600 resultan inaceptables. Y de no echar para atrás esa impopular medida, procede que sus miembros sean interpelados, se les haga juicio e inclusive el Senado haga una nueva escogencia.

Se trata de algo muy elemental: la emisión de un acta a un niño recién nacido tiene carácter de obligatoriedad, como es obligatoria el acta escolar. La población podría apoyar, con razón, la destitución de los jueces de la JCE.