Miami (EE.UU.).- Alligator Alcatraz cumple un mes de funcionamiento en Florida, con unos 600 migrantes deportados desde ahí, mientras el Gobierno estatal presume de como un “hub” para deportaciones y un modelo para los próximos centros de detención de la Administración de Donald Trump, pese a denuncias de opacidad y abusos.
El centro de detención se construyó en solo una semana en un aeropuerto antes abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami rodeada de caimanes y pantanos, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo para otros centros mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.
“Este campo de detención de los Everglades es un ejemplo atroz de la sobreactuación del Gobierno ahora donde están buscando, mediante sus excesos, construir estos campos de detención en expansión”, dijo a EFE Jeff Migliozzi, director de comunicaciones de Freedom For Immigrants, que lucha contra las prisiones migratorias.
Los vuelos operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que comenzaron hace dos semanas han deportado a 600 migrantes desde Alligator Alcatraz, según estimó DeSantis el viernes, y grupos como la Florida Immigrant Coalition (FLIC) contabilizaron la detención de al menos 1.000 migrantes desde su apertura, el 3 de julio.
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Legisladores demócratas informaron de la existencia de 750 migrantes “en jaulas” tras entrar el 12 de julio al sitio, con una capacidad actual para 2.000 personas que se elevaría a 4.000, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada del lugar.
Pero existe una “falta de transparencia” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pues sus estadísticas no muestran la cifra oficial de detenidos, aseguró a EFE la profesora Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC, que analiza los datos de detenciones migratorias en Estados Unidos.
“Estaban reteniendo a personas en Alligator Alcatraz en Florida y no estaba listado (en las estadísticas de ICE) y existen todos estos reportes de la prensa sobre cómo están manteniendo a personas ahí”, expuso en una entrevista.
Nuevo “hub” migratorio
El gobernador de Florida resaltó que el lugar es ahora un “hub”, pues el DHS puede deportar de manera directa a los migrantes desde la antigua pista o, si son “de seis o siete países diferentes”, los trasladan a otros estados, como Luisiana, donde los “segregan con base en su país” para colocarlos en otros vuelos.
También aseveró que es un modelo mientras avanza la inyección económica para ICE.
Esta agencia federal recibirá 45.000 millones de dólares hacia 2029 para construir centros de detención, un 62 % más que todo el sistema federal de prisiones y que resultaría en la detención diaria de 116.000 personas, según un análisis del American Immigration Council (AIC).
“Florida ha sido líder en esto y sé que la Casa Blanca ha llamado a otros estados a imitar lo que Florida está haciendo”, expresó el mandatario estatal en una conferencia la semana pasada.
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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó desde el 14 de julio que la Administración conversa con cinco estados gobernados por republicanos para “replicar” el modelo de Florida.
De hecho, Florida alegó “una emergencia” para construir el sitio, estimado en 450 millones de dólares, y la semana pasada la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) anunció 608 millones de dólares a gobiernos estatales y locales para construir o ampliar centros de detención para migrantes.
Activistas no se rinden
En este panorama, jueces pidieron información sobre Alligator Alcatraz mientras avanzan dos demandas distintas contra el sitio, una de defensores migratorios liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y otra de los ambientalistas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.
Ambas argumentan que las autoridades no aclaran quién es el principal responsable del lugar, por lo que el Gobierno federal y el de Florida evaden sus competencias ambientales y del trato a los migrantes al excusarse en que no tienen jurisdicción, según alegan.
“Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir”, señala la demanda de ACLU, acompañada por la agrupación Americans for Immigrant Justice
