En procura de subsanar las crisis que afectan a los sistemas de seguridad social y de suministro de energía eléctrica, el Gobierno aprobó transferir RD$12,000 millones para capitalizar al Seguro Nacional de Salud (Senasa), y declarar en estado de emergencia las compras, contrataciones de bienes, servicios y de obras que se realicen en el sector eléctrico.

La transferencia de esos recursos desde el Seguro de Riesgos Laborales (SRL) a Senasa fue autorizada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), para el suministro de RD$6,000 millones a la ARS Senasa, RD$5,000 millones a su Régimen Contributivo y RD$1,500 millones para prestaciones económicas por enfermedad común, lactancia y maternidad.

El presidente Luis Abinader liberó mediante decreto a las empresas públicas del sector eléctrico del requisito de cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones en la adquisicion de equipos y servicios o asignación de obras que se realicen para incrementar la capacidad de generación, suplir demanda del sistema eléctrico y fortalecer el almacenamiento de energía.

Ante la descapitalización del Senasa y el recrudecimiento de los apagones, el mandatario ha optado por transferir 12 mil millones de pesos de los “excedentes técnicos” que registra el Seguro de Riesgos Laborales, sin que se haya descartado la posibilidad de que esa operación vulnere la ley.

La declaratoria de emergencia sirve de base legal para liberar al sector público de los requisitos que trabarían la adquisición en tiempo requerido de equipos o la construcción de obras que coadyuven a reducir el déficit en el suministro de energía eléctrica.

La crisis del Senasa, que impacta a todo el sistema de seguridad social, se agrava a causa de un escándalo por supuestas irregularidades administrativas, mientras que la declaratoria de emergencia del sector eléctrico desnuda la carencia de planificación o de recursos económicos para el cumplimiento de los programas de adquisición de equipos y contratación de obras.

El decreto presidencial permite que las empresas distribuidoras de electricidad contraten sin licitación previa la compra de grandes cantidades de medidores, cables, transformadores y construcción de subestaciones electricas, lo que seguramente debió ser objeto de planificación con mucho tiempo de antelación.

Se entiende la urgencia de afrontar esas dificultades en órganos vitales del Estado, como son la seguridad social y el sistema eléctrico, pero es menester que el Gobierno garantice el marco legal de esa declaratoria de emergencia y de la transferencia de 12 mil millones de pesos desde fondos del Seguro de Riesgos Laborales al agónico Senasa, para que el remedio no sea peor que la enfermedad.