Estoy en contra de la difamación y la injuria. Lo he dicho durante toda mi vida profesional de más de 40 años. He sido sometido a la justicia durante ese lapso en un par de ocasiones sin que hayan prosperado.

La ley de expresión y difusión del pensamiento es bastante clara. La Constitución, también. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos sin ningún tipo de coerción, pero sin lesionar la privacidad de las personas y su buen nombre a lo que todos los ciudadanos también tenemos derecho.

Para acusar a una persona, no importa su condición social, político, empresario, funcionario del gobierno, artista, deportista, periodista, abogado o comunicador, hay que tener pruebas documentada en cualquiera de sus formas.

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Usted no puede ultrajar o denigrar a los demás por odio, conjeturas, comentarios callejeros o porque alguien le dijo tal o cual cosa, sin sustento, lo cual me recuerda los llamados tres filtros que se le atribuyen al filósofo de la antigua Grecia, Sócrates, que consiste en preguntar, antes de recibir una información, si es útil, bueno y verdadero. Si lo que me vas a decir no es bueno, útil o verdad, no me lo digas, porque no me interesa.

Todo el que se sienta difamado o injuriado, por razones políticas, económicas o sociales, debe acudir a la justicia, que es el instrumento legal más idóneo. Nadie debe tomar la justicia en sus manos, aunque, a decir verdad, en ocasiones no hay más alternativa dada la complicidad del Ministerio Público y de los jueces.

De un tiempo a esta parte las redes sociales se han convertido en armas letales para destruir reputaciones, dañando la imagen y el buen nombre de muchos ciudadanos funcionarios gubernamentales, dirigentes públicos, empresarios, etc.

Es penoso, que algunos funcionarios se dejen chantajear por determinados “comunicadores sociales” para que no hablen de ellos, ni en bien, ni en mal. Otros pagan para dañar la imagen y la reputación de sus propios compañeros de partido en la lucha interna que libran los “presidenciables”.

Gente del gobierno y del PRM, patrocinan, con mucho dinero, a verdaderos delincuentes de las redes sociales y sus plataformas, para que “acaben” , con denuncias de corrupción falsas, con sus propios compañeros de partido y del Estado, algo inaceptable que el presidente Luis Abinader debe impedir ordenándole al jefe de la DNI, Luis Soto, una investigación exhaustiva de quienes son los que pagan con recursos públicos, la difamación y la injuria de sus compañeros, para proceder a su desvinculación del gobierno y del partido.

Es tiempo de parar a los que hacen del periodismo y la comunicación, una fuente de enriquecimiento. La degradación de la comunicación ha llegado demasiado lejos. Algo había que hacer para detener los agravios y las ofensas a la dignidad de las personas