El Poder Judicial de la República Dominicana está comprometido con la complicada y urgente necesidad de encontrar la forma más adecuada para simplificar los procesos judiciales. Ese propósito está inspirado en buenas intenciones; pero mucho cuidado, porque también el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones.

La administración de justicia no es un juego. Es una tarea muy seria que requiere de gran compromiso y conciencia del rol que juega en la sociedad.

No hay democracia ni civilización posible sin una justicia accesible, confiable, fuerte, independiente, pronta, eficaz y eficiente.

Y lo que hemos tenido hasta ahora en nuestro país es una administración de justicia cara, inaccesible para las grandes mayorías, incomprendida, retardada, deficiente e ineficaz. Por eso el elevado índice de desconfianza del pueblo.

Simplificar los procedimientos y procesos judiciales puede ser un buen paso para crear la justicia que merece y necesita la sociedad. Pero hay que hilar fino.

Nuestro ordenamiento constitucional consagra un conjunto de garantías, valores, principios, derechos y reglas que no pueden violarse en aras de una presunta simplificación de los procesos. Hay, como en todo lo que se plantea en colectivo, cabezas calenturientas, nacionales e internacionales, que hacen planteamientos extremistas, increíbles e inadmisibles.

Algunos hasta sostienen que debe imponerse un código jurídico para todas las materias, y que se rijan por el mismo procedimiento. Muchos ya compraron esa idea. Nos parece, en las actuales condiciones de la sociedad, un desatino.

Parece que son alérgicos a aprender de las experiencias. No asimilaron que ni las audiencias virtuales pudieron aplicarse completamente a todas las materias. La penal la repugnó. ¿Cómo manejarían con confianza la producción de pruebas, especialmente la testimonial, por la vía virtual, sin las manipulaciones que se pueden realizar?

Estamos de acuerdo con simplificar los procedimientos y los procesos. Todo lo que sea posible hay que lograrlo. Si respetamos el orden constitucional y los derechos fundamentales, podemos hacerlo; si lo violamos, no. Resulta imprescindible una amplia discusión, y que sea inclusiva. Jamás excluyente. Hay que incorporar a los de mentalidad crítica, aunque el poder no los quiera. Son los que ven después de la curva.

Creemos también que hay que remover todos los obstáculos que entorpecen el adecuado fluir de la justicia.

Por eso nos atrevemos a proponer que se tomen como parámetros las materias de derecho constitucional, procesal constitucional, laboral e inmobiliaria para lograr los objetivos trazados.

Con esas materias como ejemplos se puede avanzar firme en la simplificación de los procesos. ¡Adelante!