La iniciativa, que figura en el punto 9.10 de la agenda, fue refrendada por el Senado.
Con un preámbulo de acusaciones y contraacusaciones entre el oficialismo y la mayoría de los partidos de la oposición, la Cámara de Diputados conocería en la sesión hoy la controversial Ley de Extinción de Juicio de Dominio aprobada en dos sesiones en el Senado de la República.
La iniciativa que figura en el punto 9.10 de la agenda fue refrendada el pasado 14 del mes en curso en el Senado, luego de un proceso de meses de debates a cargo de una comisión bicameral.
El proyecto presentado originalmente el 2 de marzo de este año es de la autoría de los senadores Félix Ramón Bautista Rosario, Yván Lorenzo, José Manuel del Castillo Saviñon, Milcíades Marino Franjul Pimentel y Antonio Manuel Taveras Guzmán.
Ayer el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo anunció que la oposición de la agrupación al proyecto sería “rabiosa” y acusó al gobierno de intentar meterle miedo a la sociedad con la pieza.
El principal punto de debate en la Ley de Extinción de Dominio es determinar si es una ley orgánica u ordinaria. La mayoría de los especialistas en en temas constitucionales estiman que afecta derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y que por tanto es orgánica. Pero la opinión del oficialismo encabezado por el senador Pedro Catrain, quien presidió la comisión bicameral que estudió la pieza, señala que es una ley ordinaria y así fue aprobada en la Cámara Alta.
Especialistas
Los abogados constitucionalistas Nassef Perdomo, Namphi Rodríguez y Cristóbal Rodríguez adelantan que sin lugar a dudas la Ley de Extinción de Dominio es orgánica y debe ser conocida y aprobada por los legisladores teniendo en cuenta esa condición. Recordaron que el artículo 112 de la Carta Magna consagra que las leyes orgánicas son aquellas que afectan derechos fundamentales y el de propiedad es uno de esos derechos.
Coinciden en que la Ley de Extinción de Dominio en manos de un futuro Ministerio Público corrupto sería una amenaza para la democracia dominicana. Igualmente citan el artículo 110 de la Carta Magna que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes, a menos que favorezcan al afectado.
Pero el artículo 4.2 del proyecto de Ley de Extinción de Dominio prevé claramente una aplicación retroactiva, alegan.
