El Tribunal Superior Administrativo dispuso la apertura inmediata de la estación de combustible Eco, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, sector Bella Vista, cuyas operaciones habían sido suspendidas porque afectan la salud de los residentes de la zona, donde además funcionan por lo menos seis colegios de educación básica y media.

Los magistrados Delfina Amparo de León Salazar, Mildred Hernández Grullón y Sergio Antonio Ortega, mediante la sentencia 156-2013, alegan que se vulnera la libertad de empresa y seguridad jurídica, sin tomar en cuenta que esa estación de combustible fue instalada sin cumplir con las normas y leyes establecidas para este tipo de negocios, ya que fue levantada en una zona escolar y residencial.

Esa estación fue cerrada por la Procuraduría General de Medio Ambiente por disposición del juez Franny Manuel González Castillo, de la Segunda Sala Penal, mediante la sentencia 8-2013, que establece para nadie es un secreto que las emisiones tóxicas que emanan del manejo de carburantes son altamente nocivas a la salud.

El procurador de Medio Ambiente, Andrés Chalas, fue quien ejecutó la sentencia que ordenó a Inversiones Comerciales 98, o Inversiones 98 y a sus accionistas o propietarios, así como a cualquier persona, física, jurídica, pública o privada que tenga responsabilidad en el funcionamiento de la estación de combustible, el cese de su operación.

El Tribunal Superior Administrativo, que dispuso la apertura de la estación, es el mismo que emitió una sentencia en contra del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, afectando el derecho a los consumidores que son engañados con la compra de gas licuado de petróleo.