El expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, junto a otros dos imputados de pertenecer a la red de lavado de activos del presunto narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador), trataba esta mañana de recobrar su libertad tras el pago de una fianza de un millón de pesos.

Los abogados de Dotel, Manuel Sierra Pérez, Yvelia Batista e Ybo Rene Sánchez pagaron una prima de 120 mil pesos por concepto del millón de pesos que le impuso el juez José Alejandro Vargas como medida de coerción.

Vargas desvinculó a Dotel de los cargos presentados por el Ministerio Público, pero no así de la acusación de porte y tenencia ilegal de armas de fuego, razón por la que le impuso el pago de una fianza de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante la Fiscalía del Distrito Nacional.

El magistrado Vargas, al motivar la decisión, determinó que no halló indicios de que Dotel Díaz fuera testaferro de “César el Abusador”.

De igual forma, el juez Vargas dispuso la libertad de los imputados Obispo Féliz Lorenzo, contable, y de Roberto José Cáceres, también vinculados a “César el Abusador”, tras imponerles el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

Mientras que el tribunal dictó tres meses de prisión preventiva en contra de José Bernabé Quiterio, para ser cumplidos en la cárcel de La Victoria.

Al principio el juez dispuso que fuera enviado a la cárcel de Najayo, pero su abogado Felipe Herrera, pidió que si se podía cambiar de recinto carcelario, a lo que el juez aceptó.

Para dictar prisión preventiva, el juez alegó que como las autoridades de Estados Unidos aseguran que varias de las propiedades incautadas pertenecen a “César el Abusador”, también Bernabé Quiterio, dice que las mismas son de su propiedad, por lo que a su juicio hay una vinculación de este con César el Abusador, al tiempo que declaró el caso complejo.

El Ministerio Público informó que tan pronto le sea notificada la sentencia, la recurrirá en apelación, al considerar que la decisión no se ajusta a la ley y que hubo una incorrecta valoración de las evidencias presentadas en contra de los encartado.

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La Oficina de Atención Permanente se aprestaba cercano a este mediodía a conocerles medida de coerción a los imputados Manuel Sánchez Pérez (Pupilo) y a Johanny Paniagua.