El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, adelantó ayer que la economía dominicana creció 5.7% en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), durante el periodo enero- marzo de 2019, el más alto de América Latina donde la mayoría de los países crecieron, según dijo, por debajo de 2.0% .
Esa buena nueva se produce a casi un año de las elecciones presidenciales, programadas para el 20 de mayo de 2020, y con la previsión de que ese crecimiento se mantendrá en esos niveles al término del primer semestre del año.
No sería posible referirse al comportamiento de la economía durante la segunda mitad de 2019 sin expresar legítimo temor por el derrotero que parece tomar una adelantada campana electoral, donde casi todos los contendientes apuntan sus cañones hacia el árbitro.
El tema de la reelección agrega algo de nitroglicerina al caldeado fogón electoral, pero lo que más preocupa es que se llegue al inicio formal de la contienda cívica sin que las instituciones de regulación, control o sanción puedan ejercer cabalmente sus roles a causa de las heridas reputaciones.
Valdez Albizu habló sobre el buen desempeño de la economía ante el Foro de Finanzas e Inversión organizado por la revista Latin Finance y patrocinado por el Banco de Reservas, donde también expuso el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien dijo que el país presenta grandes oportunidades de inversión.
Guerrero resaltó, además del crecimiento del PIB, estabilidad política, mayor tecnificación de mano de obra y políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad, así como un mercado de valores que se fortalece, buena infraestructura y un adecuado marco regulatorio.
No hay razones para dudar que las estadísticas de crecimiento de la economía, señaladas por el gobernador del Banco Central, así como las condiciones óptimas para la inversión extranjera resaltada por el ministro de Hacienda, se consoliden y prolonguen durante todo el 2019.
Lo que se teme es que la desaforada actividad proselitista se lleve por delante, Dios no lo quiera, la estabilidad relativa de indicadores esenciales de la economía, por lo que se requiere aplicar medidas de políticas públicas relacionadas con garantías de transparencia, fiscalización y control regulatorio para blindar las actividades económicas durante todo el periodo de previsibles tormentas electorales e institucionales.
