Editorial: A partir de hoy

14_07_2019 ELNAC_DOMINGO_140719_ Opinión16


El Departamento de Inmigración de Estados Unidos inicia desde este domingo el proceso de deportación de millones de indocumentados en cumplimiento de un mandato del presidente Donald Trump que coloca en aprietos a más de 600 mil dominicanos residentes ilegales en esa nación.

Aunque ese programa inicia con dos mil inmigrantes en diez Estados, Trump ha sido categórico en señalar que abarcará a “millones” de indocumentados, los cuales estarían identificados y contra quienes se gestiona ante jueces órdenes de deportación.

Por razones económicas, logísticas y legales no resulta fácil repatriar a “millones” de inmigrantes residentes irregulares en Estados Unidos, por lo que la estrambótica disposición del inquilino de la Casa Blanca se vincula con su propósito de reelegirse.

Aun así unos doce millones de indocumentados, incluidos más de 600 mil dominicanos, no tendrán paz ni sosiego ante los constantes anuncios de redadas o detenciones para ser deportados, lo que representa una de las acciones de intimidación y represalia más amplia y prolongada en la historia de esa nación.

Las autoridades de Inmigración han advertido que detendrán también a las personas que al momento del apresamiento acompañen a los residentes ilegales identificados, lo que indudablemente agrava la condición de excluidos de quienes figuren en esa condición.

No se trata de un programa federal para acompañar a esos indocumentados en la búsqueda de posible solución a su drama, agravado porque la mayoría ha creado familia en Estados Unidos, sino de una descomunal persecución por todo el territorio de la Unión Americana contra millones de personas y familiares.

Sin importar si el presidente Trump cumple o no con la amenaza de deportar desde hoy a millones de residentes irregulares, el Gobierno dominicano debería diseñar en lo inmediato un programa previsor de amortiguamiento social en favor de miles de dominicanos que serían repatriados en el corto plazo.

República Dominicana fue objeto de censura y condena por ejecutar un programa de regularización migratoria, que concedió residencia y oportunidad de ciudadanía a más de 200 mil indocumentados, diferente a la decisión de la Casa Blanca de deportar a millones de residentes ilegales. Esa es la diferencia entre el poderoso y el débil.