El Ministerio Público está compelido a salir de la carpa circense y centrarse en una seria y profunda investigación que permita el esclarecimiento del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, cuya forma en que fue perpetrado consterna, horroriza e indigna a la sociedad dominicana.
Es menester insistir en la necesidad de que fiscales y policías recobren la confianza ciudadana con la rápida identificación de quienes asesinaron a ese jurista y profesor universitario y a quienes ordenaron su muerte, porque la población no está preparada para otro circo como el que se ha levantado en el caso de Quirinito.
El cadáver de Ramírez, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (Cona), fue encontrado en un arroyo de Manoguayabo, con dos bloques atados al pecho y el impacto de un balazo en el rostro, clara señal de que pudo ser un crimen por encargo.
El precario prestigio del Poder Judicial, Ministerio Público y propia Policía ha quedado severamente lesionado con el extraño caso del recluso Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), quien simuló su enfermedad y muerte para salir de la cárcel y desaparecer.
Desde entonces, las autoridades dan vuelta en círculo en un degradante espectáculo de entretenimiento mediático con el que no logran ocultar un episodio escandaloso que pone al descubierto graves infecciones morales y éticas en el sistema de justicia, incluido Ministerio Público, Policía y régimen carcelario.
El asesinato del abogado Ramírez Ferreras constituye otro gran reto que las autoridades deben enfrentar con absoluta seriedad, eficiencia y celeridad, en el entendido de que cualquier traspié o media tinta, significaría el divorcio total de ese ente público con la ciudadanía.
Ningún sector político, académico o gremial debería pretender sacar provecho de un suceso que ha consternado a la sociedad, como tampoco sería prudente que se saquen conclusiones tempranas o temerarias cobre las causas que motivaron tan atroz asesinato.
Cualquiera que sea el resultado de una investigación que se repute de seria, profesional y eficiente, debe ser lo suficientemente contundente y claro que no deje espacio a la más mínima duda. Por el bien de la institucionalidad, la sociedad y las propias autoridades.
