El Gobierno debería sopesar con gran cuidado la posible adhesión de República Dominicana a pactos o convenios internacionales sobre migración o refugiados, porque esas iniciativas impulsadas por Naciones Unidas se corresponden esencialmente con coyunturales intereses diplomáticos, geopolíticos y económicos de grandes economías.
Esta nación confronta desde hace más de 150 años un problema migratorio de profundas raíces históricas, cuyo abordaje o control sería muy difícil si el país se ata a estrictos controles externos que por demás no contribuyen ni al alivio de tan severa dificultad.
Nada o muy poco ha hecho la comunidad internacional para afrontar la situación de calamidad económica, social y política de Haití, con más de diez millones de habitantes, la inmensa mayoría lacerados por el hambre, marginalidad y desconsuelo.
A ese pueblo, como remedio a sus ancestrales males, sólo se le ofrece emigrar hacia la parte oriental de la isla, porque el otro camino seria lanzarse al mar, a sabiendas de que no serían recibidos por ningún otro vecino ni menos por las grandes metrópolis, aunque pudieran cruzar los océanos Atlántico o Pacífico.
Con buen juicio y sentido soberanista, el Gobierno declinó arrimar el país al Pacto por las Migraciones, firmado en Marruecos con el patrocinio de Naciones Unidas, porque aún mercadeado como un convenio no vinculante, entraña obligaciones imposibles de cumplir, además de alentar éxodo desde Haití.
Ahora la ONU convoca a la firma posiblemente este mes en Nueva York de un Pacto Mundial de Refugiados, que obligaría a República Dominicana a cumplir una serie de requisitos jurídicos y económicos en favor de migrantes que aleguen persecución, que haría aún más pesada la carga migratoria que acarrea el país.
En 2012, República Dominicana reactivó el mecanismo nacional de elegibilidad de la condición de refugiado, lo que recibió un caluroso aplauso por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Migraciones, porque además el país es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y promulgó legislación nacional sobre asilo en 1983.
República Dominicana, que ha acogido a centenares de perseguidos por razones políticas, religiosas o étnicas, no puede ni debe suscribirse al Pacto de Nueva York, porque Haití es una cantera de eventuales refugiados que al próximo estallido marcharían hacia el lado este de la isla amparados en ese convenio.
