Las autoridades educativas buscarán una salida justa y razonable conflicto creado con el alza de hasta un 30% aplicada de manera unilateral por los dueños de colegios privados, anunció este lunes la ministra de Educación, tras considerar buenas las perspectivas sobre una reunión del Consejo Superior de Educación con la Asociación de Colegios Privados, Pro Consumidor y representantes del área educativa.

Josefina Pimentel explicó que se procura que la decisión final sea equitativa que, afirmó, es lo que les compete como autoridades educativas.

La funcionaria emitió las declaraciones luego de recibir del presidente de la Central Nacional de Unidad Sindical, Ramón Pérez Figuereo, un documento rechazando el aumento y las pretensiones de querer cobrar por adelantado un año de la colegiatura.

Pérez Figuereo acusó a los colegios privados de haber convertido la educación en un negocio jugoso, y afirmó que el Ministerio de Educación tiene la obligación de controlar esa situación.

El empresario del transporte entiende, además, que la calidad de los servicios en los colegios es muy mala, para encima de eso pretender aplicar un aumento, ya que algunos maestros no se preocupan por saber si los niños aprenden o no.

Explicó que el que tiene un hijo en un colegio privado es por obligación, pero que eso representa un gran sacrificio para los padres, debido a la situación económica que se vive en el país.

A Pérez Figuereo lo acompañaron representantes de juntas de vecinos y padres, que reclamaron de la ministra de Educación que haga todo lo posible para evitar que se materialice ese nuevo atropello contra los padres que tienen niños en colegios privados.

Varias organizaciones calificaron de criminal el alza, y apoyaron la posición de la Directora de Pro consumidor, Altagracia Paulino, de cerrar los colegios que persistan en esa práctica.

También César Saviñon, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Santiago llamó a los padres, a no hacer caso a los dueños de colegios, y a pagar de manera normal las mensualidades de sus hijos en los colegios donde estudian, y recordó que la educación es un derecho constitucional y no el lucrativo negocio en que lo han convertido.