El Paso, Texas. EFE. El mexicano Humberto Leal fue ejecutado el jueves con una inyección letal en Texas después de que el Tribunal Supremo de E.U. se negara a detener su muerte y al silencio del gobernador Rick Perry, quien pudo haber concedido una suspensión de 30 días, informaron a EFE los abogados del reo.

Leal, de 38 años y originario de Monterrey, fue condenado a la pena capital en 1994 por la violación y asesinato de la joven Adria Sauceda, de 16 años, en el condado de Bexar (Texas).

Sandra Babcock, quien encabezaba la defensa de Leal, dijo a EFE que EU no cumplió con su compromiso de hacer valer la ley y trágicamente el señor Leal sufrió las consecuencias.

La abogada de Leal indicó que el reo mexicano fue ejecutado esta noche a pesar de que sus derechos a la asistencia consular fueron violados.

Añadió que de haber contado con esa asistencia durante el juicio en 1995, Leal habría tenido una oportunidad de real de probar que no era culpable de asesinato.

Leal recibió esta mañana las últimas visitas de sus amigos y familiares, entre ellos su hermana Mary, quienes estuvieron con él un par de horas en una sala especial para estos casos, dotada de cristales blindados.

El reo eligió como última cena tacos de carne asada, pollo frito, pico de gallo y coca cola.México aducía que Leal no dispuso tras ser arrestado de ayuda consular, lo que viola la Convención de Viena.

En agosto de 2008, la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín fue pospuesta más de tres horas hasta que el Tribunal Supremo en un voto muy ajustado se decidió por la muerte.

La Corte Suprema indicó en aquella ocasión que, para detener las ejecuciones de mexicanos, los legisladores debían aprobar una norma con los mecanismos necesarios para obligar a los estados a cumplir con el Fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

La CIJ ordenó en el 2005 a EU la revisión de los casos de 50 mexicanos condenados a muerte.

El fallo de esta corte se basaba en que EU incumplió en esos casos el artículo 36 de la Convención de Viena, que obliga a notificar a los extranjeros detenidos de su derecho a recibir asistencia consular.