Desde que comenzamos con esta columna, octubre de 1996, hemos escrito sobre el Concordato. La publicación reciente de la sentencia TC/0526/21, del pleno del T. Constitucional presidido por el Mag. Milton Ray Guevara, con la disidencia de los magistrados José Alejandro Ayuso, Domingo Gil y Víctor Joaquín Castellanos, quienes nos han hecho sentir la esperanza de la ciudadanía digna. (Recomendada su lectura de 91 páginas, en la web oficial de T.

onstitucional: https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc052621/)

Y recordamos lo escrito en febrero de 2013, “Concordato vs. Democracia”, cuando explicábamos que, definido como un acuerdo, pacto o tratado entre la Iglesia Católica (La Santa Sede) y el gobierno de un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés, el Concordato, existe en más de 40 países del mundo y crea un status jurídico sui generis a favor de la Iglesia Católica-Vaticano, a la que le otorga toda la libertad en el ejercicio de sus funciones, un convenio leonino que es una vergüenza a la ética de derecho universal.

Aclarando entonces y ahora, acorde con la necesidad de reformar leyes, lo importante de conocer de la existencia de este convenio de alianza entre la Iglesia Católica y el Estado dominicano, desde 1954, realizado en el marco de una de las peores dictaduras de la época y de una de las también más cuestionadas gestiones del Vaticano.

La permanencia del Concordato, impacta negativamente el desarrollo de una cultura política moderna y de instituciones democráticas, impidiendo la gobernabilidad, sin mencionar la necesidad de un Estado laico para respetar la ciudadanía de quienes no se alínean con la Iglesia Católica, cada vez en mayor porcentaje.

Ya en octubre de 2008, la Suprema Corte de Justicia de entonces, rechazó un recurso de inconstitucionalidad incoado por ministerios de la iglesia evangélica, y en ese momento, también con la disidencia de dos jueces, Rafael Luciano Pichardo y José Hernández Machado, y declaró al Concordato constitucional, una decisión aberrante, también.

Las iglesias, en su organización, son empresas muy comerciales y en este caso del Vaticano, hasta Estado –cuando conviene- profundizando la confusión entre creencia y práctica religiosa, siempre a favor de sus consorcios mercantilistas. Una muestra de ello es que, la misma I. Católica no haya rescindido unilateralmente los concordatos, anti testimonios del cristianismo, por cierto.

¡Es hora de que el pueblo exija la revisión del Concordato, con justicia, sin dicotomías generadas por la codicia insaciables de las instituciones comerciales que operan en nombre de la fe!