El Décimo Censo Nacional de Población y Familia se realizará del 10 al 23 de este mes con la finalidad de levantar estadísticas sobre los habitantes, las viviendas y los hogares de todas las personas residentes en el país, con énfasis en temas socioeconómicos y demográficos de la población, lo que representa un aporte esencial para la planificación de políticas públicas y de desarrollo integral.
Más de 35 mil empadronadores recabarán informaciones que ayudarán a actualizar datos estructurales sobre la sociedad dominicana que sirven de base a la planificación nacional en términos de diseños de políticas económicas, sociales democráticas, sanitarias, educativas, asistenciales y medioambientales.
Ese censo debió realizarse en 2020, de conformidad con la ley 5096, pero fue pospuesto a causa de la pandemia del Covid 19, por lo que resulta imperativo que la sociedad ofrezca todo su respaldo a tan trascendente iniciativa a cargo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Organizaciones políticas y sociales erróneamente han llamado a un boicot contra la realización del Censo Nacional bajo el alegato de que se tramaría legalizar el estatus migratorio de miles de indocumentados haitianos, a través del uso conveniente de los formularios de preguntas que usarían los empadronadores.
Sin emitir juicio de valor sobre la imposibilidad de que tal irregularidad llegue a materializarse, lo prudente sería que quienes formulan tan grave denuncia presenten ante los tribunales las pruebas o evidencias que sustentan, a los fines de que si es de lugar, se corrija la anomalía.
Es posible también que posterior a la realización del Censo Nacional de Población y Familia, las organizaciones denunciantes puedan objetar ante el orden judicial aspectos relevantes de las encuestas que consideren erróneos o manipulados pero en ningún caso el boicot puede ser compatible con la sensatez y la prudencia.
La nación dominicana requiere con urgencia actualizar sus estadísticas respecto al número de habitantes, segregado también por sexo, edad, residencia rural o urbana, la cantidad que estudia o trabaja, las características de los hogares y de la familia, cantidad de vivienda propia o en alquiler, tipos de inmuebles, etcétera.
Todos los dominicanos y extranjeros residentes están en deber cívico y obligación jurídica de abrir sus puertas al empadronador debidamente identificado y responder con eficiencia y eficacia las preguntas contenidas en el formulario del Censo. Para que queden despejadas o actualizadas las interrogantes del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué.
