Al promulgar la ley que instituye un nuevo Código Penal, el presidente Luis Abinader se acogió al principio del mal menor, al escoger ese estatuto como sustituto de otro que data de 141 años de vigencia, y porque tendría un contenido equidistante entre lo posible.

No resulta temerario afirmar que el nuevo Código Penal representa un avance en la modernización del sistema penal dominicano, aunque se admite que lo aprobado no fue suficiente para cumplir con expectativas que la comunidad jurídica y la población se habían forjado en torno a ese proyecto.

En ese código se incluyeron tipos penales, como el “ciberbullying” o ciberacoso, que refiere el uso de tecnologías digitales para acosar, intimidar o amenazar a otras personas, la creación de “deepfake”o recopilación de imágenes y sonidos engañosos en las redes combinados mediante algoritmos con fines de extorsión.

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Otros tipos penales insertos en esa ley son el feminicidio, considerado ahora un delito grave, sicariato, violencia económica, estafa piramidal e instigación al suicidio, además de elevar la pena máxima de prisión a 40 años y hasta 60 años en caso de concurrencia de infracciones graves.

El rechazo a las tres causales, por las cuales se permitiría el aborto terapéutico, ha impedido que ese código sea considerado como un referente de modernidad y de respeto a los derechos de la mujer, aun cuando fortalece las órdenes de restricción para víctimas de violencia de género y crea un registro de agresores sexuales.

El presidente Abinader considera que la nueva normativa penal representa “un avance” comparado con el código vigente, al tiempo de subrayar que “no hay ley perfecta ni ideal, sino la posible”, con lo cual se admite que el proyecto aprobado no satisface, pero al compararlo con el anterior seria menos malo.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, valoró positivamente la promulgación del nuevo código, al considerar su contenido acorde con las nuevas tendencias de la teoría del delito, opinión consistente con la activa intervención que tuvo el Ministerio Público en la corrección de ese proyecto.

El jefe de Estado actuó con sentido realista al aprobar una ley que, aunque muy distante de las expectativas, resulta menos mala que el estatuto vigente, algo así como lo posible a falta de lo ideal o elegir el mal menor, más aún porque devolver esa pieza al Congreso se correría el riesgo de que sea ratificada o de que su corrección tarde otros 20 años.