WASHINGTON, 29 Jun 2013 (AFP) – El preso número 500 ejecutado en Texas era negro: el caso de Kimberley McCarthy, una mujer afro-estadounidense ejecutada el miércoles de noche en Huntsville, pone en evidencia lo sobrerrepresentadas que están las minorías raciales en los corredores de la muerte en Estados Unidos.

«Hay una tendencia a que los negros sean más condenados a muerte y, por tanto, ejecutados», explica a la AFP Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC por su sigla en inglés), que lleva estadísticas de las ejecuciones desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

Los negros representan el 35% de los presos ejecutados en las últimas tres décadas y 42% de los condenados a muerte, cuando constituyen únicamente 12% de la población estadounidense. Si se agregan los hispanos, más de la mitad de los detenidos en los corredores de la muerte forman parte de las minorías, que sin embargo representan menos de un tercio de la población de Estados Unidos, según el DPIC.

Un estudio demostró, además, que «las características físicas de los afroestadounidenses, como la nariz chata o la piel oscura, hacen que los jurados sean más estrictos», afirma asimismo Robert Blecker, profesor en la Facultad de Derecho de Nueva York y defensor de la pena de muerte.

En casos de condenas por crímenes interraciales, se ejecuta a 13 negros por cada blanco, según el DPIC.

A causa del pasado esclavista y de linchamientos en Estados Unidos, «raza y justicia están tan entrelazadas que no se puede disociar el color de la piel de la pena de muerte», estima Gloria Rubac, militante del movimiento texano por la abolición de la pena capital.

La 500a ejecución en Texas fue la de una mujer negra. Kimberley McCarthy había sido condenada a muerte por el asesinato de una anciana blanca a la que había robado.

Testimonio racista

Su abogada, Maurie Levin, denunció hasta el final los «vergonzosos errores» y los prejuicios raciales del jurado, compuesto por 11 blancos y un negro, que optó por el máximo castigo en lugar de la cadena perpetua.

Su clienta, una exadicta de 52 años, que se benefició de dos suspensiones de último momento, a causa de las sospechas de discriminación racial.

La víspera de su ejecución, Dieter apostaba a una nueva prórroga a causa de la inminente aprobación en Texas de una ley bautizada «raza y justicia»», un proyecto apoyado por el único fiscal negro de ese Estado, que buscaba corregir esas tendencias racistas.

Los partidarios del proyecto de ley ponen como ejemplo el caso emblemático de Duane Buck, un afroestadounidense que fue condenado a muerte en 1997 después de que un experto asegurara al jurado que los negros tienen más probabilidades de reincidir en el delito. El fiscal había citado esa opinión en sus conclusiones para exigir la pena de muerte.

«No es una cuestión de inocencia o de culpabilidad», dice a la AFP su abogada, Kate Black, quien jamás negó que su cliente hubiera matado a su exnovia y a un amigo de ésta. «Es una cuestión de justicia», confirma Kathryn Kase, directora del Texas Defender Service: «no se hizo justicia debido a ese testimonio racista».

El reverendo Bill Lawson, líder activista de los derechos civiles, quien está involucrado en este caso, plantea la cuestión de la independencia de los abogados escogidos por los jueces, ellos mismos electos, que podrían verse tentados a dictar fallos populares.

«Duane Buck podría haber sido condenada a cadena perpetua, no lo sabemos, pero sí sabemos que ha sufrido un perjuicio», afirma Howard Jefferson, presidente de la NAACP-Houston, la mayor organización defensora de los derechos de los negros estadounidenses.

En setiembre de 2011 la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó una suspensión de último momento considerando que el proceso resultó manchado por consideraciones raciales. Pero desde entonces, y a pesar de que religiosos y fiscales reclaman una audiencia justa, Duane Buck sigue, 15 años después de su condena, en el corredor de la muerte texano.