No es para nada extraño que, apenas unos días, un grupo de diputados y diputadas, encabezados por Elias Wessin Chavez y apoyados por organizaciones religiosas moralistas, propongan formalmente la creación de un Ministerio de la Familia, un proyecto integrado al gran paquete del retroceso en materia de derechos universales.

Familismo, contextualizado en la perspectiva teórico política conservadora, como concepto que idealiza la familia donde prima la felicidad, lugar y refugio de vida para el desarrollo armonioso de las personas y, además, base de la sociedad.

Sin embargo, esa imagen de una institución articulada a la sociedad debe tener en cuenta la dinámica interna en la que se reproducen las relaciones de poder, su conformación por personas en medio de conflictos es mutable sin que se pueda mantener una visión lineal sobre ella.

La propuesta, que eliminaría dos ministerios reduciendo costos, como objetivo, además de “abordar los problemas de familia de manera integral y promover la unidad familiar”, nos hace preguntar, ¿y qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora desde sus espacios tradicionales si no es eso?.

En un país como el nuestro, con altos índices jefatura de hogar femenina, de embarazo en adolescentes, de violencia intrafamiliar contra mujeres y niñas, de irresponsabilidad parental machista, y donde los estudios realizados muestran que en los hogares dirigidos por mujeres solamente, se administran mejor los recursos en favor de sus integrantes, ¿se puede seguir promoviendo la imagen sacralizada de una familia cuadrada teórica y políticamente única e intrascendente al tiempo? Por otro lado, una serie de derechos han sido reconocidos para las mujeres, la niñez, la juventud, que consideran la injusticia social de la práctica tradicional del sexismo, el autoritarismo, el edadismo, y tantas exclusiones que afectan a la mayoría de las personas, comprobando que las actitudes, prácticas y conocimientos deben cambiar.

Los ministerios de la familia funcionan en países donde la visión, usos y ejercicio social, son incluyentes, por eso son pocos donde sucede. Y es la función de los ministerios de mujeres y jóvenes el favorecer esas prácticas y costumbres para la igualdad que, en nuestro caso, es un mandato constitucional.

Penoso liderazgo político de las instituciones del estado dominicano que, sin conocer las realidades y necesidades particulares de la infancia, juventud, adultez y hasta vejez de las personas dominicanas, incluyendo todas las interseccionalidades que atraviesan estas etapas y sus complejidades, y contando con que la mitad son mujeres, proponen y deciden.

¡Menos mal que son cristianos y cristianas!