La litis judicial que envuelve a dos sectores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de volver al Tribunal Constitucional (TC) pondrá a prueba a esa alta corte y servirá de precedente sobre si sus decisiones son acatadas o no.

Tras la sentencia del Tribunal Superior Electoral que dio ganancia de causa al sector que encabeza Guido Gómez Mazara sobre el de Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, se han desatados los demonios en torno a esos magistrados.

Al parecer, y por lo que plantean los juristas especializados en el área, el TC no tendrá otro camino que anular nuevamente la sentencia del TSE y ordenar un nuevo juicio para que los derechos de los dirigentes y militntes del partido blanco sean respetados como establece la Carta Magna.

La sentencia del TSE ha causado un gran revuelo en el ambiente político nacional, pero el mismo ha tocado a sectores que no tienen vinculaciones partidarias sino que están preocupados por la preservación de las normas jurídicas.

El caso del PRD también ha motivado la opinión de entendidos en el sentido de que se pudiera estar en presencia de un “choque de trenes”, ya que cada instancia se aferra a su prerrogativa para actuar.
De ahí que muchos analistas estiman que el partido blanco podría ser seriamente afectado si se da ese choque de trenes, ya que no tendría tiempo para organizar sus procesos internos de cara a los plazos fatales que ha dispuesto la Junta Central Electoral para que las organizaciones políticas definan su papel en las primarias del próximo mes de octubre.

Se estaría afectando así, sostienen, los derechos de miles de dominicanos que no podrían participar en ese proceso y se estaría coartando el derecho a cientos de perredeístas que tienen aspiraciones a cargos electivos para las elecciones municipales de febrero y presidenciales y legislativas de mayo del 2020.

¿Qué pasaría si como consecuencia del litigio el PRD se queda sin participar en las próximas elecciones?
La respuesta sería que habría una violación masiva de los derechos electorales de miles de personas, lo cual sería catastrófico para la democracia dominicana. Aunque la sentencia del TSE no busque ese extremo, en la práctica el PRD caminaría hacia allá si el TC no actúa con diligencia en la solución de la controversia.