La Penitenciaría Nacional de La Victoria tiene 72 años de construida, levantada para albergar a mil 200 reclusos, pero hoy aloja a una población de más de ocho mil internos, de los cuales menos de tres mil cumplen condena y más de cinco mil son presos preventivos. Un infierno.
El lunes se declaró un incendio en esa cárcel, con saldo de al menos tres reclusos muertos y once heridos, cinco módulos destruidos correspondientes a las celdas 3 y 4, lo que obligó a las autoridades a trasladar a centenares de reos a otras áreas de ese penal y a cárceles de San Francisco de Macorís y La Vega.
Antes de ocurrir ese siniestro, atribuido en principio a un cortocircuito, la cárcel de La Victoria adquirió la condición de infierno o cementerio de gente viva, donde por igual los que purgan sentencias definitivas, como los preventivos olvidados por el sistema judicial, son sometidos a las penurias del hacinamiento.
El presidente Luis Abinader dijo que hace 30 años esa cárcel debió ser cerrada, pero advirtió que falta por lo menos un año para concluir el centro penitenciario Las Parras, levantado en un 90 % durante el gobierno anterior. Lo que quiere decir que el averno de la Victoria se prolongará por más tiempo.
Ese complejo carcelario fue convertido en especie de cuerpo de delito por el Ministerio Público, que acusó al anterior procurador general y a contratistas privados de sobrevaluar la obra, imputación que debería proseguir en los tribunales sin necesidad de paralizar los trabajos conclusivos de la cárcel Las Parras.
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Ha faltado voluntad política para concluir el nuevo centro carcelario, ubicado en el poblado de Guerra, que fue diseñado para operar como centro carcelario modélico de un sistema penitenciario que, al tiempo de ejecutar el régimen de consecuencia, ofrezca oportunidades a los reos de reinserción social.
La cárcel de La Victoria hace tiempo que colapsó. Su perfil es más cercano a penitenciarias de Centro y Suramérica, autogobernadas por bandas que a su vez operan desde ese recinto grupos de sicarios, narcotraficantes, asaltantes y ciberdelincuentes.
Con 72 años de construido, ese penal, convertido en infierno, que al decir del Presidente debió ser cerrado hace tres décadas, todavía seguirá abierto por más de un año, hasta que, según ha prometido el Gobierno, se inaugure el centro reclusorio de Las Parras, hoy reducido a “cuerpo de delito”. Sólo queda cruzar los dedos.
