El debate político es considerado un medio por el que partidos y candidatos exponen sus ideologías respecto a ciertos temas para posicionarse en las preferencias de los electo¬res, por lo cual, en República Dominicana, la regulación de este intercambio de opiniones ha cobrado intensidad en la presente campaña electoral y exige a los actores políticos su participación.
Los debates electorales son un componente fundamental de los procesos democráticos en todo el mundo. Estos eventos brindan a los candidatos políticos la oportunidad de presentar sus ideas, propuestas y visiones de futuro al electorado.
Los debates electorales suelen ser organizados y transmitidos por medios de comunicación, y su objetivo principal es permitir que los votantes obtengan una visión más clara de los candidatos y sus posturas sobre temas importantes.
Un debate electoral común implica que los candidatos se enfrenten en un escenario o en un estudio de televisión, donde responden preguntas formuladas por moderadores o por otros candidatos.
Los debates pueden seguir un formato estructurado, con tiempos asignados para las respuestas y las réplicas, o pueden ser más libres, permitiendo a los candidatos debatir de manera más espontánea.
Durante los debates, los candidatos pueden exponer sus ideas y propuestas en relación con temas clave como economía, educación, salud, política exterior, entre otros. Los debates permiten comparar las diferentes perspectivas y soluciones planteadas por los candidatos, lo que facilita a los votantes evaluar las alternativas y tomar decisiones informadas.
En el país no tenemos cultura de debates presidenciales y como tanto Leonel Fernández como Luis Abinader ocuparon la Presidencia de la República será poco lo que puedan ofrecer como novedad. Uno y otros lo que harán es comparar ejecuciones gubernamentales.
En tanto Abel Martínez sería el que navegará con menor presión, ya que puede prometer villas y castillas, sin que nadie le cuestione sus intenciones.
Sin embargo, soy de los que creo que de uno u otro bando van a surgir requerimientos que impidan que el debate programado para el próximo 24 de abril se llegue a concretizar.